Gabriela Pablos, integrante del Frente Nacional de Mujeres (FNM), es víctima de violencia vicaria desde hace casi 2 años. No ha visto a su hijo menor crecer, fue sustraído con engaños por su progenitor cuando sólo era un bebé de 7 meses.
Ello, con el único objetivo de lastimarla y hacerle daño, ya que ella decidió concluir con la relación que tenían porque él la agredió físicamente. Además, buscó al papá de su hijo mayor y lo convenció para que ambos iniciaran procesos penales contra ella para quitarle la guardia y custodia de los 2 niños.
“Durante todo este tiempo, 1 año 10 meses, no tuve una sola convivencia con mi bebé, ni por videollamada. No sabía cómo era su carita, se fue siendo un bebé chiquitito. Los niños en sus primeros años cambian de sobremanera, a mi bebé no lo vi gatear, no lo vi caminar, no sabía cómo era su carita, su vocecita, qué le gusta y no lo he procurado”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.
La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se ejerce hacia las mujeres que tienen hijos o hijas y los agresores son los progenitores de los menores. A través de ellos buscan causarles algún tipo de daño o sufrimiento, de acuerdo con el FNM.
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Antes de que Gabriela Pablos fuera víctima de violencia vicaria, vivió otras violencias que escalaron hasta una agresión física. Durante una discusión, el progenitor de su hijo la jaló y le dejó hematomas en los brazos. Así que ella decidió terminar la relación e irse del departamento en el que vivían, junto con sus 2 hijos.
No obstante su familia no la apoyó, ya que su agresor les hizo creer que él era la víctima y cuando ella quiso mudarse, la denunciaron ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias [DIF].
“Una mujer casi recién parida, con 2 chiquitos, mi misma familia me estaba orillando a la vulnerabilidad y cuando yo intenté irme porque encontré un departamento y di un depósito, me denunciaron al DIF falsamente”, relató.
Por lo que no pudo cambiarse de vivienda. Un día su agresor le hizo creer que su forma de pensar cambió y que el que tenía que irse del departamento era él, aunque su separación fuera dolorosa, pero ambos tenían que hacer lo mejor para el bebé y engañó a Gabriela para llevarse a su bebé.
“Ese fin de semana se llevó a mi bebé, yo tenía un evento de trabajo y me dijo que él se iba a quedar con los niños y la niñera, iba a ir a pasear en la tarde con unos amigos de él. Esa fue la última vez que yo vi a mi bebé salir por la puerta de mi casa”, recordó la víctima de violencia vicaria.
Eso sucedió en octubre de 2020. La integrante del Frente recuerda ese día como el último que convivió con su hijo menor y como el inicio de un “acoso infernal”.
Autoridades son cómplices de violencia vicaria
Las mujeres que son víctimas de violencia vicaria suelen encontrarse con autoridades que son cómplices, como policías o agentes del Ministerio Público, así como con la revictimización, según sus testimonios.
En este sentido el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reconoció en una columna de opinión que publicó en Milenio que la violencia vicaria suele ir acompañada de violencia institucional porque las autoridades encargadas de velar por los derechos de las mujeres recurren a prejuicios y estereotipos, no aplican la perspectiva de género, no toman en cuenta el interés superior de la niñez y tampoco los precedentes del máximo tribunal.
Muestra de ello es lo que vivió Liliana Herrera, quien es víctima de violencia vicaria desde el 6 de agosto del año pasado, cuando el padre de su hijo se lo llevó sin avisarle y con engaños, como en el caso de Gabriela.
Ella también es integrante del FNM e intentó denunciar a su agresor después de que se llevó a su hijo, pero el agente del Ministerio Público del Estado de México que la atendió no quiso recibir su denuncia y aún no estaba tipificada la violencia vicaria en la entidad.
“Lo único que me dijo fue: Ay, señora, tenemos un montón de trabajo, usted pasado mañana va a estar durmiendo con su marido. Entonces no me hicieron caso”, narró en entrevista con Grupo Fórmula.
Por ese motivo, Liliana Herrera decidió acudir al Centro de Justicia para Mujeres ubicado en Iztapalapa y consiguió una orden para ir por su hijo, pero el actuario que la acompañó para hacer la diligencia resultó ser amigo de su excuñado.
“Me mandan un actuario que terminó de beso y abrazo con mi excuñado porque este tipo es actuario de la Ciudad de México y me dice el actuario: ‘sabes qué que no, que no podemos entrar porque él ya tiene una sentencia por un juez y ya perdiste la custodia definitiva de tu hijo’. Le dije: ‘¿cómo?’”, agregó.
Liliana Herrera se enteró que su agresor la denunció en Cuautla, Morelos, por abandonó; usó una dirección falsa, presentó la licencia para manejar de ella para que la notificaran e hicieron pasar a una persona por ella para que recibiera las notificaciones.
La víctima de violencia vicaria tiene otra hija más grande y el progenitor de su hijo alegó que Liliana se fue con él. A pesar de que el padre de la niña las abandonó.
“Hicieron pasar a una persona por mí, falsificaron mi firma, firmaron que yo ya me había enterado y como obviamente nada de eso fue cierto, yo no asistí las 3 veces, pero me dieron por notificada y me sentenciaron por rebeldía”, explicó la víctima de violencia vicaria.
Por eso perdió la custodia de su hijo. Hace tres meses le notificaron en el Centro de Justicia que tenía que presentarse a una audiencia virtual y ella creyó que llegaría a un acuerdo con su agresor, pero no fue así.
El juez le dijo que según la evidencia la notificaron 3 veces sobre la demanda por abandono, pero como no le interesó perdió la custodia de su hijo y concluyó la audiencia.
Liliana no entendió lo que sucedió en la audiencia y tampoco cuáles fueron los motivos por los que su abogado desconocía que había un proceso judicial en su contra en otra entidad. Igual que Gabriela, ella ha cambiado de abogados 5 veces porque únicamente le piden dinero y no hay avances.
No sólo es violencia vicaria, las mujeres también viven otras violencias simultáneas
Liliana no sólo es víctima de violencia vicaria, en el proceso ha vivido violencia psicológica, emocional y digital por parte de su agresor.
La integrante del Frente recordó que 5 meses después de que su agresor se llevó a su hijo la buscó y le pidió 60 mil pesos para que viera al niño. Ella consiguió el dinero y le dijo que se lo daría en efectivo, pero el progenitor de su hijo no quiso y le indicó que se lo depositara. Lo denunció por extorsión, pero tampoco le hicieron caso y le negaron la orden de aprehensión.
“Después me buscó en mayo y me dijo que me iba a intercambiar unas fotos de mi hijo por unas mías desnuda, le dije que sí. Yo le dije: ‘pues qué más me puedes ver si estuve contigo 7 años, se las mandé’. Me hizo videollamada con mi hijo, me dijo: ‘para que veas que soy buena onda y que tu hijo no se olvida de ti’”, destacó.
Tras esa llamada, el padre de su hijo le advirtió que si “se portaba bien” le iba a seguir llamando y mandando fotos, pero le pidió que nadie se enterara de que hablaban.
Luego de la audiencia en la que le confirmaron que ya no tenía la guardia y custodia del niño, él la bloqueó de redes sociales y desapareció. Aunque en agosto lo volvió a contactar por ese medio sin respuesta.
La violencia vicaria antecede al feminicidio
Varias organizaciones, colectivos de mujeres han advertido que la violencia vicaria antecede al feminicidio y esa es una de las razones por las que se debe de tipificar como delito a nivel federal.
Gabriela Pablos fue acosada y hostigada por el progenitor de su hijo mayor después de que la demandó por sustracción y temía por su vida. Las autoridades de la Fiscalía General de Sinaloa emitieron una orden de aprehensión en su contra y tuvo que huir para evitar que se lo quitaran.
“Llegó la policía con un cateo a mi casa [en CDMX], mis vecinos que lo presenciaron me dijeron que llegaron cerca de 20 granaderos con escudos, armas largas, tiraron puertas de mi casa; intimidaron a mis vecinos, los amedrentaron diciendo que ellos me estaban escondiendo, se metieron a casa de mis vecinos”, contó.
Ese día Gabriela no se encontraba y cuando se enteró de lo sucedido le pidió a amigas y conocidos que le dieran refugio para evitar que le “arrancaran” a su hijo mayor. Ella sospechaba que algo así podía suceder porque se dio cuenta de que meses antes la empezaron a vigilar y tenía miedo.
Tras el cateo, el padre de su hijo mayor pidió que se emitiera una Alerta Amber y la difundió en redes sociales. Incluso grabó un video en el que pide apoyo para ubicar al niño y a Gabriela.
Además, se dio cuenta de que su abogado “se vendió” porque reveló su ubicación y antes le pidió dinero para realizar un amparo que le permitiera conservar la guardia y custodia del niño, pero no lo presentó.
Los uniformados la buscaron en la casa donde se refugió y amenazaron a su amiga, le dijeron que la iban a meter a la cárcel por haberla escondido. Gabriela y el niño lograron irse antes de que eso pasara, pero no se llevó todas sus pertenencias, ni documentos.
“Conseguí nuevos abogados, me fui a esconder, a ponerme en un lugar seguro para mí y mi hijo, en lo que salía un amparo para no tener que entregarlo. Me encontraron personas de estos mismos tipos, no tengo idea de qué clase de gente se presta para amedrentar a una mamá, pero hasta el día de ayer todavía tengo a esos fulanos estacionados afuera de mi casa”, mencionó.
Gabriela obtuvo el amparo que sigue vigente, pero mientras se lo dieron no tuvo comunicación con nadie. Durante ese proceso, algunos de sus familiares y amigos tuvieron miedo de que fuera víctima de feminicidio o de que la desaparecieran. Para evitarlo amigas y compañeras denunciaron lo que ella estaba pasando mediante algunos videos.
La encarcelaron, aunque ella era la víctima
En diciembre de 2021, la integrante del Frente se presentó en el juzgado séptimo oral de plática con el menor para que dieran de baja la Alerta Amber y las autoridades comprobaran que su hijo mayor estaba bien.
“[Mi hijo] manifestó que a él le gusta mucho vivir con su mamá, y ahí en esa intervención me ejecutaron una orden de aprehensión terminando la audiencia. Por otra carpeta penal que abrió su papá en Sinaloa, donde manifestó que sustraje a mi hijo 2 años atrás, terminando la audiencia, terminé esposada, me llevaron a la [Fiscalía]”, describió la víctima de violencia vicaria.
El juez se dio cuenta de que la detención de Gabriela había sido planeada porque durante la audiencia su abogada se la pasó en el celular y cuando terminó, la Policía de Investigación de Sinaloa estaba afuera. A pesar de que el juzgador solicitó que no la detuvieran y de que ella era la víctima de violencia vicaria, los agentes presentaron la orden de aprehensión y la llevaron al búnker de la Fiscalía capitalina.
Al otro día la llevaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para trasladarla al penal de Mazatlán. En su audiencia inicial, el padre de su hijo mayor llegó acompañado de 3 agentes del Ministerio Público y logró que le dictaran prisión preventiva.
“Pase días terribles en la cárcel, la verdad. Es algo que no le deseo a alguien. En la cárcel vi otras 3 mujeres que estaban por violencia de sus exparejas”, sostuvo.
Afortunadamente, el juez que estuvo a cargo de sus audiencias juzgó con perspectiva de género y sus abogados lograron desmentir las pruebas que su agresor presentó. También demostraron que él estuvo de acuerdo cuando Gabriela se fue a CDMX y así obtuvo su libertad.
Víctimas urgen aprobación de ley contra violencia vicaria a nivel federal
Las víctimas de violencia vicaria, como Gabriela y Liliana, exigen que los legisladores y legisladoras escuchen sus demandas y aprueben una ley a nivel federal que permita tipificarla como delito.
De esa forma ellas y sus hijos e hijas podrán acceder a la justicia. Igualmente permitirá generar estadísticas que permitan dimensionar el problema, ya que no existen cifras oficiales entorno a la violencia vicaria.
Hasta ahora, sólo 8 estados de 32 han aprobado reformas que modifican diversas leyes para reconocer la violencia vicaria como un tipo de violencia de género y sancionarla. Se trata de Baja California Sur, Estado de México, Zacatecas, Puebla, Yucatán, Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo. Apenas este jueves, integrantes de la iniciativa Caso 992 entregaron al Senado una propuesta para integrar la violencia vicaria en las leyes federales y con ello darles herramientas para protegerse ellas y sus hijas e hijos.
“Tenemos que hacer valer nuestros procesos, nuestro respeto y derecho porque las víctimas de violencia vicaria nos hemos convertido en coleccionista de omisiones, vejaciones y atropello de nuestros derechos por parte de los agresores y las instituciones”, concluyó Gabriela.