El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno se encuentra detenida en el Senado de la República desde el 2020 por la Evaluación del Impacto Presupuestario.
En este sentido, Encinas explicó que ese es uno de los argumentos que se han utilizado para analizar “la debilidad de una legislación”.
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“El estudio de impacto presupuestario que se desarrolla en el Congreso es un análisis de la capacidad financiera y presupuestal que tiene el Estado mexicano para hacer viables las leyes”, detalló durante la presentación del informe Desplazamiento Forzado Interno en México: del reconocimiento a los desafíos.
En México, sólo 4 entidades cuentan con una ley de esta naturaleza: Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Zacatecas.
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No obstante, el subsecretario resaltó que no debe entenderse como un análisis para aprobar o no una ley. Además, aseguró que es necesario acabar con esa visión que, generalmente, proviene de las áreas de Hacienda y de Finanzas.
Asimismo, comentó que sí hay recursos suficientes para iniciar con la implementación de dicha ley. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de forma unánime el 19 de septiembre de 2020.
Al respecto, el subsecretario señaló que cualquier legislación que se aprueba es de interés público y debe atender las demandas de la población.
Alejandro Encinas destacó la importancia de definir partidas presupuestales específicas que atiendan la problemática de desplazamiento forzado interno y la aprobación de la Ley General de Desplazamiento les permitirá ordenar los recursos.
Esto se debe a que actualmente hay un desorden administrativo y presupuestario, de acuerdo con el funcionario; pues no existe una ley que defina cuáles son las competencias de cada dependencia para atender la problemática.
Por último, el subsecretario dijo que espera que el Senado de la República retome la discusión de la ley en materia de desplazamiento forzado interno en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.
De acuerdo con la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre enero y mayo de 2022 se reportó el desplazamiento forzado interno de 787 personas. Mientras en 2021 se registraron 44 mil 905 casos.