El Congreso de Zacatecas aprobó el pasado martes en su sesión ordinaria la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno. Esta ley se aprobó en respuesta a la crisis de desplazados en la entidad, que según el diputado local del PT Xerardo Ramírez, ha afectado a más de 10 mil personas de 18 municipios. Hasta ahora.
La crisis se vio acentuada en el último año y medio, donde comunidades de municipios como Jerez, uno de los más afectados, como se relata en la investigación “Los ‘fantasmas’ de Jerez: las casas y las vidas que arrebató el narco”, padecieron de la presencia de grupos armados que orilló a los habitantes a dejar sus viviendas paulatinamente y en olas.
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Las viviendas en comunidades serranas de esa localidad se volvieron sedes de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, grupos que se pelean el dominio de la zona. Aunque por ahora, ni las autoridades ni los propios habitantes conocen el motivo de esta invasión.
Las víctimas relataron a Grupo Fórmula que de pronto escaló la violencia con levantamientos, balaceras y otros crímenes, por lo que el temor los llevó a huir de sus comunidades. Algunos se mudaron al centro del municipio de Jerez; otros a entidades cercanas y algunos huyeron incluso a Estados Unidos, dejando atrás su vida por completo.
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Ante esta situación, que se agravó desde el primer semestre de 2021, y que se ha mantenido con fiereza durante la primera mitad de 2022, al menos 2 mil personas de Jerez (las autoridades estatales incluso calculan que se trata de 3 mil víctimas) padecieron desplazamiento forzado.
Los desplazados abandonaron sus casas, sí, pero también sus vidas: sus escuelas, sus cultivos de durazno y avena, su maquinaria, sus vehículos, su vida diaria.
En estas condiciones, la nueva ley, aprobada con 20 votos a favor y uno en contra en el Congreso del estado, busca ofrecer apoyo a las víctimas de desplazamiento forzado, como alojamiento, comida, acceso a servicio de agua potable e instalaciones sanitarias, educación y salud.
Leyes contra desplazamiento forzado en México
Sólo 3 entidades tienen leyes vigentes para evitar y atender a las víctimas de desplazamiento forzado: Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Y siguen siendo 3 mientras la de Zacatecas cumple con su trámite para poder aplicarse.
Mientras que a nivel federal, no hay una ley abocada a la materia, aunque las condiciones de atención a las víctimas de desplazamiento forzado se establecen en la Ley General de Atención a Víctimas.
En dicha normativa, se señala que el DIF federal o sus equivalentes estatales o municipales son los encargados de atender a las víctimas de desplazamiento forzado, a quienes deberán brindar alimentación y alojamiento mientras estén en condiciones de emergencia. Sin embargo, estas medidas no están reglamentadas, por lo que no están claras las condiciones de su aplicación y menos sus responsables.
A pesar de esta buena intención, la recién aprobada ley de prevención y atención del desplazamiento forzado interno aún tiene un largo camino por recorrer para ser aplicable. Y sobre todo para atender a los 10 mil desplazados en Zacatecas.
¿Qué ofrece la ley para desplazados en Zacatecas?
Entre los conceptos más destacados de la ley, presentada por el diputado del PRI David González, están la asistencia humanitaria, por la cual el gobierno estatal se obliga a ofrecer para atender las necesidades físicas y materiales básicas de los desplazados como:
- alimentación
- aseo personal
- atención médica
- atención jurídica
- atención psicológica
- atención social
- alojamiento en condiciones dignas
- transporte de emergencia
- vivienda
- seguridad pública
Ese compromiso se refrenda en el artículo 13 de la ley establece que las autoridades deberán garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado al menos “alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; servicios médicos y de saneamiento indispensables, y educación básica obligatoria”.
Mientras que el artículo 15 establece además que tienen derecho a la restitución de sus propiedades o posesiones despojadas. La ley también ofrece garantizar la unidad y reunificación familiar, así como la búsqueda de familiares desaparecidos a causa del desplazamiento forzado.
Otra de las medidas más destacadas es la conformación de un Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado, integrado por quien ocupe la gubernatura de Zacatecas; así como los titulares de las secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de las Mujeres, del Campo, de Seguridad Pública y de Economía.
También se prevé la participación de integrantes del Congreso estatal, a través de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; el o la fiscal General de Justicia del Estado; quien presida la Comisión de Derechos Humanos del Estado; y los titulares de la Dirección de Protección Civil, de la Coordinación General Jurídica, y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
La ley igualmente contempla que el gobierno estatal tiene que asignar recursos para la construcción de viviendas y dar servicios básicos en las áreas en caso de reasignación (reubicación) de las personas desplazadas.
Pero no se queda en el gobierno estatal y ordena a los municipios instalar refugios y centros de atención, protección y asistencia, según sus capacidades presupuestales.
Además, instruye la creación de un registro estatal de personas desplazadas, donde se tiene que asentar la información tanto de la víctima de desplazamiento forzado, datos de su salud como enfermedades, y relacionados con sus bienes productivos y materiales, así como su patrimonio y las actividades que realizaba.
También ordena crear un Fondo estatal de contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, el cual se integrará por el 0.05 por ciento del presupuesto estatal, así como donaciones, aportaciones de cooperación internacional y los derechos que adquiera.
Estos recursos se destinarán para la “prevención, atención, protección e implementación de soluciones duraderas de las personas desplazadas, así como financiar el Programa Estatal”.
Con base en el presupuesto de 2022, de 33 mil 735 millones de pesos, ese monto correspondería, por ejemplo, a unos 16.8 millones de pesos. Por lo que el primero que tendrá que asignarse, en el presupuesto de 2023, podrá alcanzar una cifra mayor o al menos similar.
Dichos recursos se emplearán, por ejemplo, para los gastos de regreso o reasentamiento de las personas desplazadas, o bien para la indemnización por los bienes despojados de las personas en caso de tener que ser relocalizadas.
¿Qué queda pendiente en la Ley para desplazados en Zacatecas?
Si bien la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno ya está aprobada, el primer paso que sigue es su publicación en el Periódico Oficial del estado para volverse un instrumento válido, cosa que hasta este 5 de julio no ha ocurrido. Por lo que habrá que esperar a que salga en la próxima edición de ese medio, que se emite 2 veces por semana, los miércoles y sábados.
“A partir de la publicación de esta ley, fue aprobada ayer (martes 28 de junio), esperamos que sea publicada a la brevedad para que cobre vigencia y a partir de ello se haga el reglamento, y pueda establecerse el presupuesto, el andamiaje jurídico y operativo para que pueda operar en los hechos”, comentó el diputado Xerardo Ramírez en entrevista con Grupo Fórmula.
En los transitorios, la ley establece que el Gobierno estatal tiene 90 días a partir de su publicación para elaborar el reglamento y las reglas de organización del fondo estatal. Mientras que las reglas de operación de este se tendrán que publicar en los 60 días después de la aprobación del presupuesto 2023.
En tanto que el sistema estatal tendrá que conformarse 30 días después de su publicación en el periódico oficial, es decir, que en el mejor de los casos esto estará listo en los primeros días de agosto.
A partir de su instalación, este órgano tiene que publicar su reglamento interno y diseñar el programa estatal de atención al desplazamiento forzado en un periodo de no más de 90 días. O sea que esto se podría extender hasta los primeros días de noviembre próximo.
Una vez realizado esto, el poder ejecutivo tiene que cumplir con su reglamento para que pueda comenzar a ejecutarse.
En cuanto a los recursos, se contempla que las dependencias relacionadas con la aplicación del programa, como las secretarías de Gobierno, Bienestar y la subsecretaría de Prevención del Delito en su conjunto cuentan con 900 millones de pesos adicionales que podrían permitir la operación de la atención a personas desplazadas.
Pendientes en seguridad en Zacatecas
Sin embargo, el mayor problema por ahora, acotó el diputado Xerardo Ramírez, se encuentra en la confianza de los ciudadanos en las autoridades y en la capacidad del gobierno estatal de garantizar la seguridad pública en las localidades abandonadas para que los habitantes quieran volver.
Ello a pesar de los esfuerzos realizados por distintos órdenes de gobierno para tratar de dar garantías de seguridad en Zacatecas a las personas desplazadas. Por ejemplo, en noviembre pasado, el gobierno federal anunció un plan integral de apoyo a la entidad con el envío de 3 mil 800 elementos federales de la Guardia Nacional y el Ejército.
A ellos se han sumado otros 500 que llegaron en mayo pasado para reforzar la estrategia de seguridad; a pesar de ello, los resultados no se han visto en la reducción de homicidios, que por ejemplo, incluso se han incrementado en la entidad.
Mientras que algunos desplazados, cuyas comunidades se han adaptado para su regreso, se niegan a volver ante la falta de garantías de seguridad, donde incluso se han instalado bases militares o policiacas.
Aun así, los desplazados de Zacatecas no se sienten seguros ante la falta de resultados en esa materia por parte del gobierno estatal. “Es insuficiente el tema que se ha vivido porque la gente no confía en que regresando a sus lugares de origen van a tener esa paz con la que vivían antes. La ciudadanía en general vive en la zozobra, desencanto, miedo”, advirtió.