La Secretaría de Gobernación (Segob) informó, a través de un comunicado, que las medidas cautelares de protección que otorgó a la saxofonista María Elena Ríos, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, corresponden al riesgo que tiene como defensora y no como víctima.
Por ello, la Junta de Gobierno del Mecanismo decidió concentrar las medidas de protección en Oaxaca a finales de marzo de este año. Luego de que realizó una evaluación de las particularidades de su caso.
Te podría interesar
La saxofonista denunció que durante los primeros días de abril le notificaron que le reducirían el esquema de protección y se limitarían a Oaxaca. Sin embargo, la víctima explicó a Grupo Fórmula que en la reevaluación que se realizó unos días antes se había acordado que las medidas serían las mismas.
De acuerdo con la dependencia, María Elena Ríos ejerció su derecho para recurrir la decisión de la Junta de Gobierno y el 27 de mayo pasado la Junta de Gobierno realizó una reevaluación de su situación de riesgo. La conclusión fue que el esquema de protección se implementaría en Oaxaca y no en la Ciudad de México.
Te podría interesar
La joven fue víctima de un intento de feminicidio con ácido en 2019 y se convirtió en beneficiaria del Mecanismo en julio de 2021. El esquema de protección que le proporcionaron consistió en la entrega de un botón de pánico; le asignaron escoltas y un vehículo para trasladarse.
El alcance de estas medidas incluía la Ciudad de México, Oaxaca y las entidades a las que tuviera que trasladarse por sus tratamientos médicos.
No obstante, la Segob advirtió este 1 de junio que su situación como víctima tiene que ser valorada por las autoridades de procuración de justicia estatales y de esa manera determinar lo conducente. Por lo que María Elena Ríos ya no cuenta con la protección de los agentes para salir de su entidad de origen.
María Elena Ríos denunció corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
La saxofonista denunció el pasado 30 de mayo que los magistrados Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca recibieron sobornos del el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, uno de sus agresores, para que le concedan un amparo que le permita continuar con su proceso en libertad.
Además, el exfuncionario busca que reclasifiquen el delito por el que está encarcelado y pase de tentativa de feminicidio a agresión.
El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert, se reunió con María Elena Ríos el domingo pasado y le mostró audios en los que Diana Vera Hernández, hija de Vera Carrizal, le comunicó al agresor que ya habían entregado los sobornos a los 3 magistrados.
La víctima teme que su agresor quede en libertad. Así que acudió a Palacio Nacional para solicitar una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y así informarle lo que ocurrió. Aunque no pudo hablar con él y sólo dejó una tarjeta informativa en el área de Atención Ciudadana.
María Elena Ríos también acudió al Senado de la República para exhortar públicamente al jefe del Ejecutivo; al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a que intervengan en el caso.
Mientras que las legisladoras Aleida Alavez Ruiz, Verónica Noemí Camino Farjat, María del Carmen Bautista Peláez y el senador Elí Cervantes exigieron al Poder Judicial de Oaxaca investigar y "tomar cartas en el asunto" para evitar que el agresor de María Elena Ríos quede libre.