La saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un intento de feminicidio con ácido en 2019, denunció que el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, uno de sus agresores, podría obtener su libertad.
Esto se debe a que sobornó a los ministros Arturo Lázaro León de la Vega, Elizabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca para que le concedan un amparo para reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a agresión.
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Elena Ríos aseguró que tiene miedo de que Vera Carrizal sea liberado. Por lo que esta mañana acudió a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre los presuntos actos de corrupción en los que los magistrados están involucrados, de acuerdo con el reporte que realizó Javier Navarro en "Por la Mañana" para Ciro Gómez Leyva.
"Estoy asustada, muy preocupada y creo que es lo único que puedo hacer. Me intentó matar y lo mínimo que merece es llevar el proceso en prisión preventiva y no en su casa", expresó Elena Ríos.
María Elena tuvo acceso a grabaciones que se realizaron al interior de un penal en Oaxaca en los que Guadalupe Vera Hernández, hija de Vera Carrizal, menciona que "ya quedó arreglado el pago" de los magistrados, de acuerdo con un comunicado que la saxofonista difundió en su cuenta de Twitter.
La víctima entró al área de Atención Ciudadana, pero no le confirmaron si podría reunirse con AMLO o no. El jefe del Ejecutivo señaló durante su conferencia matutina del 30 de mayo que el caso lo tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitó información sobre el caso para conocer los motivos por los que no ha avanzado la investigación.
Al respecto, la saxofonista solicitó a la FGR atraer su caso, ya que así lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de una recomendación.
María Elena Ríos tuvo una reunión, el 27 de mayo, con la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para determinar si le devolvían las medidas cautelares para garantizar su seguridad; pues a principios de abril se las redujeron. Sin embargo, la dependencia resolvió que no era necesario darle más protección.