Este lunes, la organización Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS) dio a conocer que un juez ordenó la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
En respuesta a esta resolución, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad responsable de la obra, aseguró en un comunicado que desde su perspectiva, el único pendiente que tienen que cumplir es recibir la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que se prevé que impugnen la decisión ante un tribunal colegiado.
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Ese documento, que por ley se tiene que presentar antes de iniciar cualquier obra ferroviaria, se entregó 2 meses y medio después del inicio de las obras, apenas el pasado 17 de mayo, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que está en periodo de consulta pública desde el pasado 23 de mayo hasta el 17 de junio siguiente.
Esto en sí mismo ya es una violación a la ley, consideró Antonella Vázquez, abogada de DMAS y promotora del juicio que detuvo las obras del Tramo 5 Sur. Y este argumento fue uno de los que tomó en cuenta el propio juez para tomar la decisión de parar la obra.
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Pero no fue sólo eso, advirtió la litigante, pues si bien ya hay un trámite para obtener la autorización de la MIA, las obras realizadas entre marzo y abril de 2022, cuando la maquinaria realizó desmonte de vegetación, actividades para las cuales no se contaba con un permiso ni con estudios ambientales, por lo que esto constituye un delito.
"No (se puede usar la MIA) porque ya hicieron un daño, en lo que llevan, lo que han hecho, ya hicieron un daño, ya cometieron un delito. Primero tendrías que resarcir, restituir este daño. Dejar todo como estaba antes y entonces partir de ahí", resaltó.
¿Basta con que autoricen la MIA para seguir con el Tramo 5 Sur?
En su comunicado, Fonatur defiende que esperarán la autorización de la MIA del Tramo 5 Sur para retomar las obras para la construcción entre Playa del Carmen y Tulum.
La resolución del juez, difundida el lunes, explica que la falta de estudios ambientales implican no sólo el desconocimiento de la naturaleza del suelo, sino también deforestación sin autorización así como el riesgo de colapso del suelo kárstico ante la acción de una estructura ferroviaria, con lo que se acreditó un daño inminente e irreparable con la obra del Tramo 5 Sur.
De hecho, uno de los buzos que solicitó el amparo que derivó en la suspensión definitiva, José Urbina, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que la MIA tiene fotografías de zonas que no corresponden con el trazo nuevo del Tramo 5 Sur y las fechas de algunos levantamientos son anteriores al nuevo trazo.
"Además, ellos mismos declaran en ese mismo documento que las afectaciones son críticas y severas. (...) Será muy fácil para los especialistas reales debatir estos puntos", relató.
En una entrevista previa, Antonella Vázquez explicó a Grupo Fórmula que la ausencia de la MIA previo a la ejecución de la obra no sólo es una violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), sino que en su reglamento se establecen sanciones como medidas precautorias así como restablecer las condiciones de los ecosistemas afectados. Y en este caso se encuentran zonas de selva baja en las que incluso se han encontrado ejemplares especies protegidas por normas oficiales mexicanas.
Aunado a ello, esta sólo fue una segunda etapa del juicio que aún tiene pendiente la audiencia constitucional, por ahora, convocada para finales de junio, en la que el juez analizará el fondo del tema y donde se podrá exigir que la autoridad repare los daños causados mientras la obra se desarrolló sin la autorización debida.
"Nosotros queremos la restitución, que se corrija, no que se quede esto así, lo que urgía era parar las obras", resaltó Antonella Vázquez.
Por ahora, el Tramo 5 Sur del Tren Maya se mantendrá suspendido al menos por tres semanas más, en espera de que termine la consulta pública de la MIA el 23 de junio y de una nueva audiencia ante el juez por ahora programada para el 26 de junio, donde la asociación DMAS buscará frenarlo por completo.
Aunque desde el principio, la organización ha sido clara en su postura: no están contra la obra del Tren Maya, sino a que se haga fuera de la ley y sin respeto al medio ambiente.