La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C. acusó que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca regular la actividad de las trabajadoras sexuales es un retroceso en los derechos de las personas que ejercen esta actividad, de acuerdo con la licenciada Arlene Palestina, asesora jurídica de la asociación.
La diputada María Clemente García presentó el pasado 6 de octubre esta iniciativa en la Cámara de Diputados, donde se define esta actividad, se le distingue de la trata de personas y se plantean condiciones para su ejercicio, medidas que no consideraron a las propias trabajadoras sexuales.
La asesora jurídica señaló que la propuesta de ley sólo está basada en el informe Resultados de la Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Sin embargo, ese documento no representa ni siquiera el 2 por ciento de las trabajadoras de este sector de la capital, agregó.
De acuerdo con datos de la Brigada Callejera, en la CDMX hay alrededor de 15 mil 200 trabajadoras sexuales en vía pública. Por lo que la encuesta no puede ser un referente para crear una iniciativa de ley a nivel federal.
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La iniciativa tampoco toma en cuenta la lucha histórica sobre la no criminalización del VIH-SIDA y de las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
“Esta reforma habla de enfermedades propias del trabajo sexual y su incumplimiento dará lugar a responsabilidades civiles o penales. Lo que es un tema absurdo que pone en riesgo a las trabajadoras sexuales de todos los estados y a las compañeras de la Ciudad de México”, comentó la licenciada en conferencia de prensa.
Los puntos a revisar de la iniciativa sobre trabajo sexual
Asimismo, indicó que los artículos en los que se tiene que poner atención son aquellos que estigmatizan y criminalizan a quienes ejercen el trabajo sexual, como el artículo 353-Y. El cual señala que “el trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen no contraer enfermedades propias del comercio sexual”.
La Brigada Callejera cuestionó cuáles son las enfermedades propias del trabajo sexual, ya que si se refieren a las infecciones de transmisión sexual, se debe entender que estas se transmiten entre personas que tienen relaciones sexuales sin protección y no por esta actividad.
Además, la asociación destacó que, en alianza con otras trabajadoras sexuales que también son promotoras de salud, ha promovido el uso del condón para reducir los casos de infecciones de transmisión sexual.
La Brigada Callejera cuenta con una campaña social permanente donde el principal producto es el condón Encanto, la asociación estuvo involucrada en su elaboración, y que se entrega a las trabajadoras sexuales.
“Una ley que no nombra de manera adecuada a las infecciones de transmisión sexual, habla de un total desconocimiento de quien o quienes la plantean legislar en el rubro del trabajo sexual”, mencionó.
El artículo 353-Y es el “más peligroso”, según la Brigada Callejera, porque violan el derecho al libre ejercicio a la sexualidad, a ejercer el trabajo y proporciona una argumentación jurídica que criminaliza a las personas que tienen VIH-SIDA.
El artículo menciona que "el trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen evitar contraer enfermedades o infecciones derivadas del trabajo sexual".
Dicha responsabilidad la la pone tanto a las personas trabajadoras sexuales como las personas usuarias sexuales, y señala que su incumplimiento causará responsabilidades civiles y penales.
Igualmente advirtieron que el artículo 353-Y adiciona el término “riesgo de contagio”, lo que resulta violatorio a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
Arlene Palestina resaltó que no se puede realizar una ley para regular el trabajo sexual sin escuchar a quienes ejercen esta actividad.
La diputada María Clemente García convocó a un parlamento abierto en la Cámara de Diputados el pasado miércoles para hablar sobre la iniciativa. No obstante, uno de los requisitos para ingresar era haber enviado un correo electrónico.
“Hay más de 15 mil 200 trabajadoras sexuales que no cuentan con herramientas para inscribirse a un parlamento abierto. Hay mujeres que no tienen celular y que no tienen correo para argumentar la petición. Lo que se tenía que haber generado era escuchar, recorrer calles y después hacer iniciativa a nivel federal para regular el trabajo”, añadió la asesora jurídica.
La Brigada Callejera aseguró que es importante regular el trabajo sexual a nivel nacional, pero ninguna ley puede ser retroactiva ni echar para atrás lo que se ha ganado.