Al menos una treintena de víctimas se mantiene fuera del acuerdo reparatorio con la empresa CICSA de Grupo Carso tras la tragedia de la Línea 12 del Metro.
Se trata de 2 grupos que cuentan con una defensa privada, que llevan los abogados Teófilo Benítez y Cristopher Estupiñán; el primero con 14 y el segundo con 17 partes, entre deudos de personas fallecidas y personas lesionadas en la caída del vagón el 3 de mayo pasado.
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En tanto que según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX (Ceavi), el acuerdo reparatorio fue aceptado por otras 99 personas.
"En un corto tiempo hemos generado un avance", sostuvo el comisionado, Armando Ocampo, en entrevista con Grupo Fórmula. En línea con el mensaje de la fiscal General, Ernestina Godoy, a media semana de que se trató de un acuerdo histórico.
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Desde su perspectiva, ha habido desinformación de parte de las víctimas que se han negado a firmar el acuerdo reparatorio con la empresa del multimillonario Carlos Slim, que en su momento se encargó de la construcción de ese tramo de la Línea 12.
En contraste, los abogados de las víctimas insisten en que hubo presiones de parte del personal de la Ceavi a sus defendidos para firmar; entre ellas, refirió Estupiñán, se le insistía a algunas de ellas en que sólo podían firmar el día en que se les citó o si no se les retiraría la oferta; además, relató, se les hicieron comentarios para desanimarlos como que el proceso sería muy tardado, o con acciones como quitarles los celulares e impedirles cualquier llamada.
Además, aseguró, que desde mediados de enero, cuando se comenzaron a presentar las propuestas del acuerdo reparatorio, se le retiraron los apoyos de la Ceavi a quienes no lo aceptaran. "Lo que hizo la Comisión desde que comenzaron a repartir cheques fue suspender los apoyos", afirmó.
En contraste, el funcionario capitalino descartó todas estas versiones y defendió la actuación tanto de la Comisión como de los enlaces de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
"Es falso y se tergiversa. De ninguna manera hemos presionado a nadie, condicionado y mucho menos hostigado", alegó Ocampo.
Acusan presión y sobornos de Ceavi
Desde mediados de enero, Benítez presentó una denuncia ante la FGJ contra enlaces de la Ceavi, a quienes acusó de haber solicitado sobornos a algunas de las víctimas a cambio de recibir los apoyos del Gobierno de la Ciudad de México.
Aunado a ello, Benítez denunció que Grupo Carso buscó de manera secreta a algunas de las víctimas que él defiende con el apoyo de la Ceavi. El pasado 20 de enero, Grupo Fórmula reportó que de acuerdo con el litigante, una persona identificada como Sergio Contreras acudió a los domicilios de las víctimas el miércoles para entregarles un citatorio.
Esta persona les dijo que no era necesario que asistieran al encuentro con sus abogados, pues iba a acudir personal de CICSA para ofrecerles diversas cantidades como parte de los acuerdos reparatorios. Sin embargo, las 14 víctimas a las que asesora Benítez rechazaron la propuesta.
Sobre estos hechos, el comisionado Ocampo detalló que la labor de mediación no corresponde a su instancia, mientras que negó los señalamientos de posibles actos de corrupción.
"La única labor de la Ceavi en el caso de las víctimas es acompañarlas. En este caso la unidad de mediación de la fiscalía, en su carácter de conciliador, mediador, facilitador, es digamos estar en medio, la víctima, y por otro la empresa Grupo Carso", señaló.
"Como ya precisó la jefa de Gobierno, si hubiese alguna actuación irregular están en su derecho a presentar las denuncias, que se investigue lo conducente", sentenció sobre las víctimas de la Línea 12.