Al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le fue negado un amparo para salir de la Lista de Personas Bloqueadas realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que el juez del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito falló en su contra y así ordenó respetar una solicitud de carácter internacional.
La resolución del juez fue emitida el pasado 11 de mayo, pero dada a conocer este martes por la UIF; el juez de Distrito determinó que México asumió un compromiso internacional ante la solicitud de congelar bienes relacionados al lavado de activos, que fue el caso de García Luna, aparte de aquellos que financien el terrorismo o las armas de destrucción masiva.
De acuerdo con la resolución, la inclusión del exfuncionario en la lista fue apegada a derecho, mientras que la UIF demostró que se cumplió con una obligación de carácter internacional, según los términos adoptados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) solicitó que García Luna fuera incluido en la LPB, debido a que hizo una investigación que relacionó al exfuncionario federal con el delito de lavado de activos. A raíz de esto, en 2020, García Luna promovió un juicio amparo.
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El 16 de mayo de 2022, el juez emitió una sentencia para que García Luna continuara en la lista, pero el exfuncionario durante la administración de Felipe Calderón (2012-2018) interpuso un nuevo recurso (88/2022), el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado. En tanto, la UIF aportó nuevos elementos.
Y la FGR gira 61 órdenes de aprehensión contra personas ligadas a García Luna
Durante la noche del 22 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de García Luna, Jonathan Alexis 'N', Samuel Mauricio 'N' y otros 58 funcionarios bajo los cargos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Todas las personas están relacionadas al caso de los Ceferesos que data del sexenio de Felipe Calderón, cuando las cárceles pasaron a un modelo de Asociación Pública-Privada (APP), lo cual dejó como resultado: contratos por asignación directa, obras sin transparencia bajo el pretexto de ser de 'seguridad nacional' y un "daño patrimonial inmenso", según la FGR.
La Fiscalía puntualizó que las personas con órdenes de aprehensión están relacionadas a 10 contratos que suman un daño patrimonial por 5 mil 112 millones de pesos. Recordemos que García Luna ya fue sometido a un juicio en Estados Unidos, donde fue hallado culpable por delitos relacionados al narcotráfico; está a la espera de su sentencia.