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El 'clan' de García Luna: Fiscalía va por su esposa y sus hermanos por desvío de recursos

Linda Cristina Pereyra y cuatro hermanos de Genaro García Luna cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La esposa de García Luna y sus hermanos cuentan con órdenes de aprehensión por parte de la FGR.Créditos: Cuartoscuro / EFE
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La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, y otras 60 personas vinculadas a contratos para penales en la gestión del presidente Felipe Calderón. 

Fue ayer cuando la FGR dio a conocer que un juez federal ordenó la aprensión de 61 personas por su presunta participación en una red de corrupción que causó un daño patrimonial de 5 mil 112 millones de pesos por contratos de prisiones federales.

Sin embargo, fue hasta este martes cuando se reveló que entre los implicados se encuentra Linda Cristina Pereyra Gálvez y los hermanos del exfuncionario: Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto García Luna, así como Oswaldo Luna Alderrabano, quien fungió como Oficial Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), y se cree es tío del exsecretario.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, que se encuentra a la espera de recibir una sentencia por delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos.

Dentro de las órdenes de aprehensión, también destaca los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, padre e hijo, respectivamente.

De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alexis Weinberg, fungió como prestanombres de García Luna, quien actualmente se encuentra a la espera de recibir una sentencia por delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos.

En 2010, durante la administración del expresidente Felipe Calderón, García Luna y los 61 implicados crearon un esquema para sustraer 5 mil 112 millones de pesos en 10 contratos irregulares con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (cárceles federales), los cuales fueron canalizados a empresas controladas por el exsecretario. 

Por ello, a las personas vinculadas se les imputa por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Derivado de las órdenes de aprehensión, la FGR pidió a Interpol la emisión de la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país.