En el Congreso de Jalisco avanza una reforma para brindarle seguridad personal al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El argumento base es que desde esta dependencia se enfrenta a personal activo en el servicio público o funcionarios de primer nivel que forman parte de una red de corrupción y de delincuencia; además de a elementos operativos con conocimientos y adiestramiento en materia de seguridad pública y el uso de armas de fuego.
La Comisión de Seguridad y Justicia en el legislativo aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus municipios, donde se incluye el que algunos funcionarios tienen derecho a servicios de protección y custodia.
Desde 2019, cuando ya estaba creado el Sistema Estatal Anticorrupción, se expidió el reglamento de esta ley y el Ejecutivo no contempló al titular de esta fiscalía. Ahora se justifica que debido a los casos que deben de investigarse por sospechas de corrupción, pueden ser objeto de represalias.
Algunos casos en los que ha intervenido esta Fiscalía es el del ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada por un presunto desfalco en el sistema de salud público; así como el de Francisco Ayón, a quien se le acusa de autorizar inversiones de riesgo en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) como presidente del Consejo de Administración. También se incluye la investigación por las irregularidades que ocasionaron la crisis forense en 2018 durante la administración de Aristóteles Sandoval.
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La reforma aún debe pasar por el Pleno del Congreso y se espera que su discusión se agende para esta misma semana, sin embargo, diputados de oposición han señalado la falta de resultados por parte de esta Fiscalía Anticorrupción en este momento encabezada por Gerardo De la Cruz Tovar, lo que pudiera significar votos en contra de la iniciativa.