Como parte del diagnóstico que mandó a hacer el Congreso de Jalisco sobre su nómina, este martes fueron presentados los resultados entregados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual arrojó que se puede prescindir hasta del 60 por ciento de los empleados del Legislativo.
La nómina del Congreso Estatal está conformada por mil 69 empleados, de los cuales, 649 se podrían ir y sin afectar la operatividad. Este diagnóstico también reflejó que el costo de la burocracia en el legislativo jalisciense es mayor al de otros en México tanto por número de habitantes como por diputados; sumado a esto, hay disparidad de sueldos en torno a su nivel de estudios.
Los detalles los informó la diputada presidenta de la Comisión de Administración en el Congreso de Jalisco, Mara Robles:
“A nosotros justamente nos parece que ese criterio tiene que ser analizado con mucha mayor ponderación, porque actualmente ustedes saben que la nómina está conformada por trabajadores de base y trabajadores supernumerarios; y que no se les puede dar el mismo tratamiento a los dos, dado que los supernumerarios tienen contratos que se vencen y que dependen de la permanencia de los diputados o no. Entonces evidentemente no podemos decidir de manera arbitraria, sobran 600 y los vamos a quitar, o de base o de supernumerarios, de base no se puede, tienen derechos laborales”, explicó.
Actualmente el Congreso del Estado se conforma por 578 supernumerarios y el resto son de base.
A esto se suma que el diagnóstico reveló un exceso de puestos administrativos auxiliares en las áreas administrativas y que responden a grupos políticos lo que llega a genera parálisis e ineficiencia. Informan también que hay una politización de esta estructura que genera falta de legitimidad al encargo del Secretario General.
La legisladora insistió en que no hay en el estudio una especificación de cuántos aviadores tiene el Legislativo:
“Esa información no la arroja el diagnóstico del IMCO porque se trata de un diagnóstico estructural general y no una auditoría (…). Una auditoría lo que sí te va a llevar es a un proceso vinculatorio donde te diga este es el horario de tal persona, tiene que estar sentado en este lugar, y tiene que entregar estos productos de trabajo, los está entregando o no. Y eso no lo podía hacer IMCO porque no tiene las capacidades jurisdiccionales o vinculatorias”, dijo.
Mara Robles aseguró que hay consenso entre todas las fracciones para que la reducción de la nómina se concrete, pero se busca una estrategia para que no se trate de despidos injustificados; agregó que la legitimidad del Legislativo está en juego, después de conocer estos resultados.
Este estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad tuvo un costo de 800 mil pesos, los recursos salieron del presupuesto del Congreso de Jalisco.