Al encabezar una rueda de prensa, el presidente del organismo camaral, Gonzalo Urbina y la secretaria del mismo, Celeste López Acosta, manifestaron que las formas en las que se llevaron a cabo los cateos no fueron las correctas, por el uso excesivo de la fuerza pública y sobre todo porque se vio limitado el derecho de los comerciantes de presentar los documentos que amparan el origen de sus productos.
Aunque de los más de 20 negocios afectados sólo uno está adherido a esta cámara, señalaron que se apoyarán a todos, indicaron que además hay preocupación por las 250 fuentes de trabajo que están siendo afectadas por el cierre de estos comercios. Y no descartan tramitar amparos y emprender otras acciones legales, como una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez que se violentaron sus derechos al no darles la oportunidad de presentar la documentación que acredita que su mercancía es legal.
“Esos amparos tienen que ser individuales porque no es la misma situación o circunstancia, pero seguramente se hará eso, al menos eso se está pidiendo a nuestros socios que hayan sido afectados, es lo correcto y lo que molestó fueron las formas, no les dieron chance de defenderse a los comerciantes”, señaló.
Por otro lado, también exigieron a las autoridades frenar el problema desde la raíz, pues la mercancía por la que presuntamente cerraron los casi 30 comercios, llega al país y al estado en barcos y en cientos de contenedores, por lo que es en los puertos, donde deben montar sus operativos para catear la mercancía que entra a la zona.
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“No llega un contenedor, llega un barco con miles de contenedores cargados de cosas, allá es donde está el problema, por qué le hacen esto a la gente y la ley es clara, pero no dieron oportunidad de defendernos, nos trataron como si fuéramos delincuentes y no se vale, no usaron los medios correctos, somos respetuosos de las leyes”, reclamo.