Por el momento, no existe fecha específica de cuando se llevará a cabo el primer partido del club Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Corregidora, con acceso al público, ya que la directiva aún no cumple en su totalidad con las medidas de seguridad y protección civil que establece el Gobierno del Estado, aseguró la secretaria, Guadalupe Murguía.
Sin embargo, el club está trabajando en cumplir con todos los requerimientos en materia de seguridad que se solicitan para abrir el estadio.
El sábado el gobierno del estado realizará una revisión del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil, que le permitan abrir al público.
Hasta ahora la directiva de Gallos Blancos no ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Estado la licencia de venta de bebidas alcohólicas al interior del estadio Corregidora.
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Lo anterior luego de que la Federación Mexicana de Fútbol determinó concluir la sanción impuesta al club de un año de partidos sin público, derivado de los hechos de violencia que se presentaron el pasado 5 de marzo.
“Mientras no se dé cumplimiento a los requerimientos de protección civil y seguridad no hay una decisión en cuanto a la apertura, tienen que cumplirlos para poder fijar una fecha próxima”, refrió la funcionaria estatal.
El subsecretario de gobierno, Martín Arango, comentó que se han realizado reuniones con la directiva del Club de Gallos Blancos para expresarles que el gobierno estatal está abierto a que se puedan abrir las puertas del recinto, pero en condiciones de seguridad.
“Nosotros no estamos negados a que abra, por el contrario, queremos que abra y regrese la afición, pero para que esto se pueda dar se deben cumplir con los requisitos que establece protección y secretaria de seguridad ciudadana a fin de dar un espectáculo con condiciones de seguridad”, afirmó.
Un escenario posible es que el primer encuentro con público en el estadio Corregidora se lleve a cabo el 19 de marzo, aunque esto solo si la directiva del club cumple con las medidas de seguridad y protección civil que gobierno estatal solicita.
Absuelven a funcionarios
Las investigaciones hechas por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Contraloría, indicaron que las autoridades del gobierno del estado que se encontraban al interior del estadio Corregidora, en los hechos de violencia del pasado 5 de marzo, reportaron lo sucedido dentro del recinto.
Por eso, los resultados de la investigación refieren que la respuesta de las autoridades, en este caso 4 servidores públicos, fue inmediata, pero insuficiente. Por eso, no se determinó una responsabilidad de parte de los servidores públicos en el sentido de cómo detener la situación, indicó el titular de la contraloría, Oscar García.
"Se llamaron a los cuerpos de seguridad, a las áreas de paramédicos, a las fuerzas de seguridad, para que detuvieran la situación, pero lo sucedido fue más una falla de la propia organización que de los servidores públicos”, expresó.
El funcionario recordó que, resultado de las investigaciones hechas y concluidas, se dio de baja a dos funcionarios que no cumplieron con su labor el día de los hechos, mismos que formaban parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“Nosotros advertimos que efectivamente su dicho de que si dieron aviso a las instancias de lo que estaba pasando se corroboró con todas las bitácoras de servicio”, expresó.
Los ex titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, y el ex secretario de seguridad ciudadana, Miguel Ángel Contreras, fueron destituidos de sus cargos luego de los hechos en el estadio, por aparentemente actos de omisión y pérdida de la línea de mando, pero no existe ninguna investigación en contraloría del estado en contra de ellos.
Responsabilidad de la empresa
El secretario refirió que las investigaciones refirieron que fue una falla de la empresa de seguridad lo que derivó en los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora, en el partido entre Gallos Blancos y Atlas, indicó el titular de la contraloría, Oscar García González.
Afirmó que la empresa de seguridad no tuvo un control adecuado de las puertas y la vigilancia de la seguridad privada; sin embargo, expuso que la Secretaría de la Contraloría no tiene facultades para sancionar a empresas que laboran en eventos privados.