“Bienaventurado el hombre que no espera nada, porque nunca será decepcionado”:
Alexander Pope
En qué podrían parecerse el presidente López Obrador y los expresidentes de México, pregunté a un grupo de amigos. Algunos respondieron lo obvio, que es su paso por la presidencia, pero uno de ellos dijo claramente: “pertenecen al club de la impunidad”.
Hasta este punto, la garantía de pertenecer al club es ser, o haber sido, presidente de la República. Incluso Luis Echeverría, recientemente fallecido, quien fue el primer expresidente llevado a juicio, perteneció al glamoroso club. Sin embargo, su caso, devino en un proceso legal construido de forma política y ornamental por el gobierno foxino para impulsar su legitimidad que, de forma expresa, marcaba un declive.
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Las acusaciones por lo acontecido en la matanza de Tlatelolco y durante la guerra sucia en su momento no tenían amparo legal en el marco jurídico nacional, ya que mientras a nivel global existía una legislación para castigar el genocidio como crimen de lesa humanidad, a nivel local no existía una legislación espejo donde pudieran sustentarse las acusaciones. Una charada.
Por ello, Echeverría acabó en su casa un juicio que debió haberlo llevado a la cárcel. Un circo que armó Fox y el panismo para ampliar el halo de legitimidad del primer gobierno de transición que terminó con pena y sin gloria.
El secreto del club de la impunidad es la impunidad. Hoy en día, la apuesta de la 4T es acabar con la ella. Pero no se puede acabar con la impunidad en un país en donde no se toca ni con el pétalo de una rosa a sus presidentes o expresidentes.
Incluso en la historia reciente en los Estados Unidos, Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de su país por estar implicado en el caso Watergate. En el caso de México, los cinco expresidentes aún con vida tendrían que ser juzgados e incluso condenados por una serie de múltiples delitos que cometieron a lo largo de sus períodos de gobierno.
Los expresidentes son presuntamente responsables de diversos actos de corrupción, malversación de fondos públicos e incluso crímenes de lesa humanidad.
En el expediente Salinas se encuentran la privatización de más de mil empresas públicas, entre ellas, instituciones bancarias y financieras, así como la empresa telefónica que sigue siendo la más grande del país. Venta que produjo miles de millones de pesos que se perdieron entre la llamada partida secreta y el uso discrecional que, se utilizaron para beneficiar a cercanos y familiares. El proceso judicial contra Raúl Salinas solo fue un amague político de Ernesto Zedillo para mantener a raya a su antecesor.
El expediente Zedillo contiene las mascares de Acteal, la creación del Fobaproa y la privatización de Ferrocarriles Nacionales. Hoy en día, Ernesto Zedillo funge como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale (su alma mater). En algún momento participó como consejero de las empresas Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific, concesionaria de Ferromex que terminó sustituyendo a Ferrocarriles Nacionales. Coincidencia o tráfico de influencias.
En el Expediente Fox, el “presidente del cambio”, está documentado su rápido enriquecimiento y, tras de sí, el presunto tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos y la construcción de obras fastuosas, pero casi inservibles, como la Biblioteca Vasconcelos, el proyecto de Enciclomedia, así como la venta de los ingenios azucareros.
Calderón y Peña están en ollas aparte. Con el juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos y los señalamientos en su contra radicados en la Fiscalía General de la República, se está cerrando una doble pinza. El futuro de Calderón no depende ya de la voluntad presidencial mexicana.
Recientemente, con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República acaba de abrir un expediente por el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita contra Enrique Peña Nieto, quien habría recibido 27 millones de pesos en diversas transferencias bancarias cuyo origen no es claro.
Por supuesto, la justicia no responde a la voluntad de un arrebato, sino de procedimientos que responden a pruebas periciales. No es acaso la justicia, un murmullo de aspiración. Una demanda largamente esperada.
Dice el presidente López Obrador que la corrupción se barre de arriba hacia abajo. Las escaleras de la impunidad deben barrerse en la misma dirección, de lo contrario, qué sentido tendría.
¿Serán los juicios de Calderón y Peña, solo pan y circo? Un arrebato para reforzar la legitimidad o va en serio.
Carlomagno algún día dijo: ¿cuál es el sueño de los despiertos? La esperanza.
De la libreta
- No habrá alianza opositora en el Estado de México. El priismo empuja a Alejandra del Moral y una fracción de panismo quiere a Enrique Vargas. Ya le propusieron a Vargas ser senador. Él quiere ser gobernador.
- Ante la crisis hídrica que vive Nuevo León, una cervecera asentada en Monterrey ha decidido ceder el 20 por ciento de su consumo para que sea entregada a la ciudad. La empresa “cede”. A eso se llama hacer política de la buena.
- Desde Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respondió a los dictados del INE y del Tribunal Electoral: “me quieren agarrar fuera de lugar, pero no van a poder”.
@HectorHerreraAR