Con 97 votos a favor de Morena, PT, Partido Verde, PRI y Movimiento Ciudadano y 16 en contra del PAN, el pleno del Senado aprobó sin cambios el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados que prohibe la siembra del maíz transgénico.
Se trata de la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución, la cual fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de conservación y protección de los maíces nativos.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, destacó que el dictamen plantea que México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con ello, dijo, se pasa de una intención normativa a un blindaje constitucional para impedir modificaciones transgénicas de los maíces nativos.
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“Esta reforma favorece la seguridad alimentaria, defiende el derecho de las futuras generaciones de disfrutar a consumir maíz libre de alteraciones genéticas y evita que otros intereses ajenos a nuestra nación dicten esas reglas de producción y distribución de este producto estratégico”, agregó.
En tanto, Simey Olvera Bautista, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, recordó que este dictamen reconoce en la Constitución al maíz nativo, como parte del derecho humano a la alimentación y como alimento básico sustancial, por ello debe estar libre de modificaciones genéticas.
¿Qué dice exactamente el dictamen sobre maíz transgénico?
El dictamen plantea que México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.
Todo otro uso del maíz genéticamente modificado, señala el documento, debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de nuestro país y su población.
Además, debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico, así como la promoción de la investigación cientiìfica-humaniìstica, la innovación y los conocimientos tradicionales.
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