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Armenta refuerza sanciones contra delitos ambientales en Puebla

El mandatario estatal destacó que el 70 por ciento de los incendios registrados en los últimos 15 días han sido provocados.

El gobierno estatal aplicará las sanciones correspondientes a quienes atenten contra los recursos naturales de la entidad
El gobierno estatal aplicará las sanciones correspondientes a quienes atenten contra los recursos naturales de la entidadCréditos: Especial
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El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, anunció medidas más estrictas para sancionar a quienes provoquen daños ambientales en la entidad.

Aquellos que afecten la flora, fauna o cualquier recurso natural mediante incendios, explosiones o inundaciones enfrentarán penas de 1 a 10 años de prisión, además de multas que oscilarán entre 30 y 300 unidades de medida, resaltó.

Incendios han sido provocados, asegura

El mandatario estatal destacó que el 70 por ciento de los incendios registrados en los últimos 15 días han sido provocados, por lo que su administración no permitirá chantajes ni bloqueos en respuesta a la detención de responsables.

“7 de cada 10 incendios de los últimos 15 días han sido provocados, entonces no vamos a aceptar un chantaje o que nos cierren una calle o una carretera porque se detenga a un delincuente forestal o a un ecocida que está provocando incendios, ya sea para aprovechar la madera o para utilizar terrenos que son reserva ecológica para proyectos inmobiliarios”, destacó.

Puebla aplicará sanciones

El ecocidio es reconocido a nivel internacional como un crimen grave contra el medio ambiente y la humanidad, aunque aún no está tipificado en el Código Penal del Estado de Puebla. No obstante, el gobierno estatal aplicará las sanciones correspondientes a quienes atenten contra los recursos naturales de la entidad.

Finalmente, la administración de Alejandro Armenta hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de daño ambiental, ya sea en pastizales, bosques o espacios urbanos, con el objetivo de proteger el entorno y garantizar el bienestar ecológico del estado.