Hace cuatro años, Luz Diana Berenice Rangel Maldonado, una maestra de música de San Luis Potosí, fue víctima de una agresión con una sustancia química por parte de un hombre en situación de calle a quien ella y su mamá le permitían quedarse en un terreno familiar. Desde entonces hasta ahora las autoridades de su estado la han abandonado, pues su caso está congelado y tampoco ha recibido el acompañamiento necesario para sobrellevar las secuelas.
Al día siguiente de la agresión, el hombre todavía se encontraba cerca del lugar, pero la falta de acción inmediata por parte de las autoridades permitió que escapara, sumiendo el caso en un limbo.
El ataque no solo le arrebató la vista en el ojo izquierdo, sino que también la sumió en una lucha por justicia que hasta ahora sigue sin respuesta.
Omisión tras omisión
Luz Diana Berenice, de 34 años, contó a Radio Fórmula Digital que el atentado en su contra ocurrió en un terreno que su madre cuida a uno de sus familiares. Semanas antes, a este lugar llegaron dos hombres en aparente situación de calle que se dedicaban a recoger basura y vender artículos usados.
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Uno de los hombres pidió a su madre permiso para que ambos -presuntamente medios hermanos- se quedaran en el pequeño cuarto que se localiza en el terreno. La mujer aceptó a cambio de una pequeña cuota simbólica que le era entregada por el mismo sujeto.
Fue así como los hombres pasaron varios días en el inmueble; sin embargo, el encargado de realizar el pago se fue del lugar, pero su hermano se quedó. Precisamente el segundo sujeto comenzó a hacer un mal uso del espacio, por lo que la madre de Luz Diana Berenice le pidió a su hija que la acompañara a desalojarlo.
El 3 de diciembre de 2021 ambas mujeres llegaron al terreno; sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta al punto de arrojarle a ambas una sustancia química, la cual alcanzó el rostro de Berenice, terminando por afectar permanentemente uno de sus ojos.
Hasta el momento se desconoce cuál fue la sustancia que el hombre le arrojó, pues nunca se realizaron pruebas periciales para determinarlo. Un policía le indicó que podría tratarse de un ácido; sin embargo, esto nunca se confirmó.
El primer contacto de Berenice con el personal de salud estuvo plagado de burocracia, pues en lugar de atenderla de forma inmediata, en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto le hicieron llenar una serie de formas, aún cuando sus ojos ya lucían bastante afectados.
Luego de unas horas le indicaron que ella debía comprar el medicamento para comenzar a tratarse. Y así lo hizo, se dirigió a una farmacia y posteriormente hacia un Ministerio Público, donde su madre presentó una denuncia cerca de la 1:30 de la mañana.
La petición de Berenice y su madre era que policías se presentaran al terreno para detener al hombre, quien permanecía todavía cerca de la zona. Les indicaron que debían marcar al 911; sin embargo, al hacerlo, pasaron horas para que personal de seguridad llegara.
Cuando los policías ministeriales arribaron al lugar, únicamente realizaron algunas preguntas, tomaron fotografías y nada más. Todo ese material se perdió, esto lo descubrió Berenice varios meses después, luego de que pidiera una actualización de su caso tras pasar varios meses en revisiones médicas que la imposibilitaban de acudir ante las autoridades.
“Cuatro meses no salí de casa, sólo salía para las consultas, uno de los tratamientos era quitarme sangre para hacer un suero y colocarlo en el ojo. Yo no me podía valer por mí misma. Hasta los seis meses más o menos empecé a buscar información y a ver qué había pasado”, recuerda. Fue así como descubrió que no había ningún avance.
El abandono institucional
El caso de Luz Diana Berenice Rangel Maldonado fue clasificado como lesiones simples. Además, las autoridades le dijeron que, al tratarse de una persona en situación de calle, era difícil continuar investigando para encontrarla, pues tampoco estaban seguros de que existiera bajo el nombre de Domingo Hernández Estrada.
De esta respuesta también se sujetó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quienes le indicaron que al no haber una responsable y, por lo tanto, una sentencia, no se le podía brindar el acompañamiento integral al que tiene derecho por ley.
“Entonces yo me quedo pensando y digo: si una persona de la calle o una persona en estado mentalmente inestable, te agrede y por el hecho de que no se sabe quién, pues entonces no hay ayuda, o sea, tiene que haber alguien con nombre y apellido para que me puedan ayudar”, se cuestiona Berenice.
Es así que desde el día de la agresión en su contra hasta este momento, ella ha tenido que correr con los gastos de su atención médica, psicológica y psiquiátrica, pese a no contar con seguridad social. Ha recibido apoyo de una Fundación estatal; sin embargo, el gobierno municipal y de SLP le han quedado a deber.
Estos gastos provocaron afectaciones económicas, sumadas a las secuelas emocionales que la agresión le dejó, pues comenzó a dormir poco y a salir con temor a la calle.
“Mi vida cambió porque ya no puedo moverme como antes. Ahora tengo que tomar muchísimas más precauciones de las que tenía antes. Vivo con la incertidumbre constante, como si ya no pudiera sentirme a gusto. Cualquier persona que parece sospechosa me pone en alerta; es como si esa sensación de inseguridad ya estuviera integrada en mí y no me dejara tranquila”, señala Berenice.
Asegura que por lo anterior decidió romper el silencio después de cuatro años, pues asegura que las agresiones con sustancias químicas a mujeres “cada vez se escuchan más”.
“Es importante actuar contra los agresores para que esto no siga ocurriendo”, sentenció.
Víctimas de violencia química enfrentan revictimización y violencia institucional
Como Luz Diana Berenice Rangel Maldonado y su madre, más de 30 mujeres han sido víctimas de agresiones con sustancias químicas en México, según datos de la Fundación Carmen Sánchez, una organización dedicada a brindar acompañamiento legal, psicológico y social a las sobrevivientes de este tipo de violencia extrema.
A nivel nacional, las mujeres que sobreviven a estas agresiones enfrentan un abandono institucional sistemático. Muchas de ellas deben asumir por sí mismas los costos de su recuperación médica, psicológica y psiquiátrica, ya que carecen de apoyo gubernamental integral. Además, se enfrentan a la revictimización en las instituciones de justicia, donde los casos suelen quedar impunes debido a la falta de investigaciones exhaustivas y a la ausencia de protocolos especializados para atender este tipo de violencia.
