Una auditoria forense reveló que en el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) había nepotismo, pues 62 de los empleados son parientes entre sí; viajes nacionales e internacionales no autorizados por más de medio millón de pesos, trabajadores administrativos que en realidad eran choferes y que había cobro de moches a cambio de seguir contratados.
Así lo dio a conocer el periodista Arturo Ángel, quien tuvo acceso a la última auditoria forense que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó al organismo autónomo respecto a la cuenta pública 2023 y previo a su extinción, la cual se hará pública en febrero próximo.
En este ejercicio, la ASF descubrió que de los 687 servidores públicos del INAI, 62 son parientes (casi un 10 por ciento). Incluso hay dos casos en que hay hermanos dentro de la misma área de adscripción, pese a que los reglamentos internos lo prohíben para evitar el nepotismo.
El periodista destacó cinco casos en los que hay hasta tres familiares laborando en el INAI. Uno de ellos es el de Edgar Loaeza Salmerón quien se desempeña como enlace en una oficina de un comisionado y tiene a dos de sus hijos trabajando en la Dirección General de Enlace y en la Dirección General de Capacitación.
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Los auditores también descubrieron que de 2018 a 2022 funcionarios superiores del INAI y comisionados exigieron a sus empleados pagos de una parte de sus sueldos para mantener sus puestos de trabajo.
De acuerdo con el comunicador, los trabajadores acusaron directamente al excomisionado Rosendoevgueni Monterrey Chevop de exigir hasta la mitad del sueldo de los empleados, bajo el amparo del actual comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, quien lo recontrató tras el escándalo de los presuntos pagos efectuados con una tarjeta del instituto en un table dance. Pese al escándalo, los moches continuaron a través de subordinados como Irlaene Galván y Juan Carlos Carrasco.
Otra de las irregularidades del instituto fue que había al menos ocho personas contratadas para labores administrativas que, en realidad, se desempeñaban como choferes, incluso en su auto particular y tenían la instrucción de estar al pendiente “las 24 horas” los “7 días de la semana” para atender cualquier solicitud de traslado.
Además, los auditores identificaron que hubo siete comisiones internacionales por casi medio millón de pesos que no fueron autorizados por el pleno del INAI, es decir, no siguieron los lineamientos internos, por lo que no tendrían que haberse realizado.
Cuatro de los viajes, los hizo la comisionada Blanca Lilia Ibarra a Filipinas, Rumana y al Reino Unido; dos fueron de la comisionada Josefina Román Vergara a Japón y Reino Unido; y uno del comisionado Adrián Alcalá a Estonia. A estas irregularidades se suman 62 informes de comisión con la comprobación de gastos de los viáticos asignados que se presentaron de forma extemporánea.
Finalmente, Arturo Ángel reveló que varios de los contratos que el INAI adjudico tuvieron irregularidades de corte administrativo o de verificación de los tiempos y condiciones, el más grave relacionado con un contrato por servicios contables por el cual se pagó más de un millón 800 mil pesos en un servicio que era innecesario ya que el Instituto contaba con su propia área a cargo de esta tarea.
