México impugnará la indemnización de 37.1 millones de dólares (alrededor de 704.9 millones de pesos) que pide la empresa Odyssey Marine Exploration, luego de que le fue negado un permiso para extraer fosforita de las aguas del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, al no demostrar la experiencia necesaria dentro de este campo, según la Secretaría de Economía (SE).
A través de un comunicado, la SE desaprobó el fallo emitido por un un tribunal internacional, que se encuentra administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), además, anunció que iniciará un juicio para anular tal resolución ante las cortes competentes.
El Gobierno de México recordó que, entre los años 2016 y 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto 'Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego', que estaba a cargo de la empresa Odyssey Marine Exploration.
Desde entonces, la empresa mencionada inició un arbitraje internacional en contra de México, todo esto en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El gobierno mexicano señaló que entre los socios de este proyecto se encuentran Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira.
Te podría interesar
El proyecto programado para el Golfo de Ulloa consistía en el dragado marino para obtener hasta 7 millones de toneladas de fosforita anuales y durante un periodo de 50 años. La dependencia mexicana argumentó que Odyssey no tenía experiencia y que sus técnicas no se habían puesto en práctica en ningún lugar del mundo.
Asimismo, el gobierno mexicano también argumentó que el proyecto afectaría a la flora y fauna de dicha zona, sobre todo a especies como tortugas marinas, ballenas azules y grises, así como lobos marinos. Odyssey aseguró que la negativa del permiso tenía tintes políticos, mas no científicos.
En su defensa, el gobierno mexicano argumentó que los testigos presentados por Odyssey incurrían en conflicto de interés; mientras que, según el documento emitido por la SE, "las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente del Tribunal".
Finalmente, el Gobierno de México aseguró que no permitirá proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de los recursos naturales. Adelantaron que este laudo se publicará en el sitio de la CIADI durante los próximos días