Para Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el Partido Verde haya cedido diputados a la bancada de Morena para que tuviera una aplastante mayoría y con ello acceso a beneficios de la ley orgánica de San Lázaro, es un acto de traición a los votantes.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, el magistrado explicó que este acto se contempla en la ley y se conoce como "transfuguismo" y que de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consiste en ir por el cargo de elección popular por unas siglas partidistas y luego optar por un espacio parlamentario diferente al que lo llevó a la representación política.
Si bien, abundó el funcionario electoral, este no es un acto ilegal en México, tiene un carácter inmoral hacia los votantes que se inclinan por una u otra opción política en las urnas.
"Esto se llama transfuguismo y desgraciadamente el sistema parlamentario, las reglas, no lo prohíben, en otros países está prohíbido porque es de alguna manera una traición a la representación", comentó el magistrados.
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"Es una traición al electorado en términos de que le prometieron algo", sostuvo.
Ayer, el Partido Verde anunció que cedía 15 legisladores a la bancada morenista, luego que el TEPJF confirmó la legalidad en el reparto de plurinominales que dio la mayoría calificada a la 4T en la Cámara baja.
Con esta maniobra, Morena podrá encabezar la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados durante los tres años de la Legislatura.
Reyes Rodríguez sobre 'aplanadora': 'apliqué estrictamente la Constitución'
El pasado miércoles, cuando el TEPJF analizó el reparto de plurinominales en el Congreso de la Unión y que daría a Morena, el PT y PVEM la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, uno de los votos de los magistrados que sorprendió fue el de Reyes Rodríguez Mondragón pues pese a sus críticas avaló la decisión.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el magistrado dijo que su decisión estuvo basada en una aplicación estricta de la Constitución y que en caso de que se quiera un resultado distinto, debe ser el Poder Legislativo quien debe modificar los parámetros legales.