Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), descartó cumplir con la orden del juez Rodrigo de la Peza, quien instó a órgano a nombrar a los dos magistrados faltantes para completar el Pleno de la Sala Superior.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva Por La Mañana, Soto Fregoso argumentó que el artículo 99 de la Constitución establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, es decir, el juez De la Peza rebasó sus facultades.
“En el Tribunal rechazamos, de manera unánime y contundente las y los 5 integrantes del Pleno, cualquier injerencia, intervención y exceso de competencias que, en este caso, se dio”, aclaró.
Asimismo, recordó que el Senado de la República es la autoridad encargada en hacer los nombramientos, por lo que el mandato del juez “es una actuación que está fuera de la ley y de la Constitución”.
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“El TEPJF no está integrado y eso lo venimos denunciado nosotros, pero no nos toca legislar ni tampoco a un juez de distrito, mucho menos asumirse Senado de la República ni Pleno de la Sala Superior de Tribunal Electoral para decidir qué debemos de hacer”, aseveró.
La presidenta del Tribunal Electoral afirmó que, “en breve”, determinarán quién será el o la sexta integrante del Pleno para poder validar las elecciones del pasado 2 de junio.
Segob pide juicio político contra juez
El pasado 2 de junio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó sobre una solicitud que presentó el Gobierno Federal ante la Cámara de Diputados de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza por la orden que emitió contra el TEPJF.
“En el actuar del juez De la Peza es evidente una conducta facciosa por quien debe garantizar imparcialidad. De los jueces se espera argumentación jurídica y no consignas políticas convertidas en sentencias”, expresó Alcalde Lujan en sus redes sociales.
Por su parte, el juez consideró que el Estado utilizó su “arma más poderosa”. Además, indicó que el actuar del Gobierno Federal atentó contra su autonomía como juzgador.