La iniciativa que busca reformar el poder judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla la elección por voto de ministros, magistrados y jueces. Pero, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia (SCJN), esto tiene varios riesgos: la potencial influencia del crimen organizado, la falta de parcialidad y experiencia, entre otros.
La SCJN, mediante el Centro de Estudios Constitucionales, presentó un documento donde expuso un análisis de los problemas, así como evidencia empírica de casos semejantes en otros países, que traería consigo la aprobación de la elección popular de más de 6 mil juzgadores en el país.
"Contar con personas juzgadoras electas no garantiza que se tomen mejores decisiones en términos de acceso a la justicia. Por el contrario, condicionar la estabilidad laboral de las personas juzgadoras a los ciclos político-electorales puede influir de forma negativa en la calidad de sus decisiones. Esto porque abre la posibilidad de que prioricen decisiones que agraden a sus futuros electores o a los grupos políticos, económicos y/o sociales que les respaldan en lugar de tomar decisiones correctas y apegadas a derecho", se precisa en el documento.
Reforma judicial: ¿cuáles son los problemas de elegir a los jueces por voto popular? Esto dice la Suprema Corte
Entre los problemas que encontró la Suprema Corte a la iniciativa se encuentran: la posible influencia del crimen organizado en las votaciones, que las decisiones de jueces, magistrados y ministros no sean parciales, costo de los comicios, demandas laborales de trabajadores despedidos, así como la falta de experiencia.
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Intromisión del crimen organizado en las elecciones de juzgadores
La SCJN precisa que hay dos peligros para las personas del Poder Judicial que vayan a ser electas por voto popular: las coloca en una situación de riesgo, como a los candidatos de partidos políticos, ante las agresiones, amenazas, intimidaciones e incluso el homicidio por parte del crimen organizado, así como pueden ser influenciadas por intereses privados o criminales.
"La elección por voto popular de las personas encargadas de la impartición de justicia genera un riesgo de cooptación de órganos jurisdiccionales por intereses privados, como grandes grupos empresariales u organizaciones criminales", precisan.
"Aunque la iniciativa prevé mecanismos de control para evitar la infiltración e influencia de otros actores en los procesos electorales, la experiencia mexicana muestra que no han sido tan eficaces como para evitar que otras personas influyan o se involucren en los procesos para favorecer sus intereses", abundan.
Demandas laborales y despidos injustificados
La iniciativa plantea que los anteriores juzgadores concluirán sus funciones una vez que se elijan y tomen protesta los nuevos 1,700 magistrados y magistradas, jueces y juezas federales y los más de 5 mil estatales que hayan sido electos, lo que viola obligaciones Internacionales del Estado mexicano.
"Por lo anterior, es probable que las destituciones arbitrarias deriven en acciones legales de las juzgadoras y juzgadores afectados (...) Esto podría llevar, en primer lugar, a un escenario de alta presión para el sistema de justicia, pues existe la posibildad de que alrededor de 6,700 personas presenten demandas laborales", se argumenta en el texto.
Falta de experiencia de las y los juzgadores
En la reforma judicial se plantea que para ser elegido como ministro, ministra, magistrada y magistrado hay que tener 35 años; en el caso de juezas y jueces se puede contar con 30 años; en todos los casos hay que tener un título en la licenciatura de derecho con antigüedad de 5 años, así como práctica profesional de 5 o 10 años.
Además se debe contar con buena reputación, sin condena penal, haber vivido uno o dos años en México; quedan descartados quienes fueron titulares de dependencias o hayan tenido cargos estatales. Actualmente se hacen concursos de oposición, evaluaciones y estímulos para que estén los perfiles idóneos en el Poder Judicial, señala la SCJN.
Pero los inconvenientes en este punto son que si se escogen a los nuevos juzgadores por voto, se deberán de formar y capacitar, lo que ocasionará un rezago en la impartición de justicia o en sentencias deficientes, además les faltará la experiencia que los otros perfiles ya tenían.
A estos inconvenientes se le suman el costo que saldría realizar las votaciones de las personas juzgadoras por voto popular.