Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, indicó que el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no se ha dimensionado la gravedad de los hechos por las y los mexicanos como un precedente en el resguardo de los datos personales.
En entrevista con Denise Maerker para Atando Cabos, señaló que tanto el Gobierno Federal como cualquier empresa privada no pueden utilizar, mucho menos difundir, la información que se le brinda.
Sus declaraciones las ejemplificó con el caso de la reportera de The New York Times, Natalie Kitroeff, de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso su teléfono personal durante una de sus conferencias de prensa.
“Los hijo de María Amparo Casar, que no son parte de la acusación que está haciendo Petróleos Mexicanos y la Presidencia de la República y que estarían siendo afectados en término de que su información personal la conocen otros que pueden utilizarla con distintos propósitos”, mencionó.
Caso María Amparo Casar vs. la 4T
El pasado 3 de mayo, desde Palacio Nacional, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Oropeza, reveló que, como parte de un caso de corrupción, que la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió una pensión de 124 mil 948 pesos mensuales, con un monto total de hasta 31 millones de pesos, tras la muerte de su esposo Carlos Márquez Padilla García.
Además, acusó a María Amparo Casar de solicitar a la petrolera el pago de seguro de vida, ayuda de gastos funerarios y pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, que se cubrió hasta que cumplieron 25 años.
“El fin no justifica los medios. La causa puede ser la más noble, pero eso no significa que puedes pasar por encima de los derechos de las personas, especialmente si tienes el poder de la Presidencia de la República”, destacó Enrique Bohórquez con Denise Maerker.
Días después, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) inició una investigación de oficio en torno al caso María Amparo Casar, sin embargo, desde las redes sociales del Gobierno Federal compartió una serie de documentos que señalan que Carlos Fernando Márquez Padilla se quitó la vida, por lo que la entonces Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal no inició una investigación sobre el deceso.