Guerrero, Michoacán, Morelos y Chiapas son las entidades en donde se han registrado mayor violencia política a lo largo de la contienda electoral, la cual arrancó en septiembre del año pasado, según Armando Vargas, consultor senior de Integralia.
En entrevista con Denise Maerker para Atando Cabos, Vargas sostuvo que la intervención del crimen organizado es la principal causa de violencia en los procesos electorales que se están en curso.
“Hay algunas entidades en donde hay un riesgo muy alto de intervención del crimen (organizado) en las elecciones, (que son) Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Chiapas, que también son las entidades que registran los mayores niveles de violencia política en este proceso electoral”, mencionó.
No obstante, precisó que no el crimen organizado no está presente en todo el territorio de las entidades antes mencionadas, sino en ciertas regiones, por ello, precisó que Guerrero, Michoacán y Chiapas son los estados con más municipios en donde se centra la presencia del narcotráfico.
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“En Guerrero hay varias regiones, por ejemplo el puerto de Acapulco, el centro de Chilpancingo, pero sobre todo está la Tierra Caliente y lo mismo ocurre con Michoacán y Morelos, una característica fundamental de estos territorio es que actualmente se encuentran en disputas muy violentas entre diversos grupos criminales”, destacó.
Narco podría intervenir en elecciones en la mitad de la República, según Integralia
De acuerdo con un estudio publicado este miércoles por Ingtegralia, a casi un mes de que se realice la jornada electoral, hay 15 estados en la República con una probabilidad de Alta a Muy Alta de que el crimen organizado interfiera, es decir, poco menos de la mitad del territorio nacional.
En dicho estudio se precisa que en Guerrero se han registrado al menos 73 víctimas de violencia política, en Michoacán hay 56 casos, 36 en Morelos y 34 en Chiapas. Según Vargas, las agresiones se están concentrando en políticos de oposición, tomando como referencia al partido que gobierna en cada una de las entidades, ya que “es posible que los grupos criminales estén impulsando el proyecto político para consolidar sus redes de impunidad”.