La Sala Especializada del Tribunal Electoral tiene, desde diciembre de 2023, el expediente remitido por el INE que le permitiría emitir una nueva resolución sobre el tiempo que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, debe estar inscrita en el catálogo de personas sancionadas por violencia política de género.
En julio de 2023, la Sala Superior determinó que Sansores sí afectó los derechos políticos de legisladoras del PRI en su programa Martes del Jaguar en 2022, sin embargo, se opuso a la inscripción de cuatro años en el registro de sancionados.
La decisión provocó que el asunto regresara a la Especializada, y al ahora magistrado presidente, Luis Espíndola Morales; hasta ahora, ocho meses después, no existe proyecto nuevo a pesar de que todas las diligencias ya fueron entregadas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) a esta Sala.
En documentos se revela que la legisladora del PRI, Paloma Sánchez, presentó en agosto 2023 un dictamen de psicología emitido por un perito de la Fiscalía General de la República; mientras que en octubre, la Conapred decidió no proceder contra la mandataria estatal.
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“La directora de admisibilidad, orientación e información del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informa que los hechos imputados a la gobernadora de Campeche no surte la competencia de dicho consejo al no ser una persona servidora pública federal, y que la vía sería la Comisión de los Derechos Humanos de Estado de Campeche”.
También la FGR presentó en septiembre la evaluación a la diputada priista, el dictamen se realizó en fecha del 13 de ese mes y remitido a la autoridad solicitante; a partir del 19 de diciembre, las diligencias se encuentran en la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procesos Especiales Sancionadores.
En un Acuerdo de Sala del 2 de diciembre, el magistrado Rubén Lara Patrón consideró la Sala tenía todos los elementos para poder emitir una nueva resolución y las diligencias son consultas que se pueden realizar ya que son hechos públicamente notorios y “algunas resultan redundantes”, en específico en el grado de responsabilidad de un medio de comunicación.
La propuesta avalada por la Sala Superior en julio 2023, ordenó tomar en cuenta la siguiente metodología (la misma que se utilizó para sancionar a Ricardo Sheffield, ahora candidato al Senado por Morena):
- Considerar el contexto en que se cometió la conducta que acreditó la VPG
- El tipo o tipos de violencia política de género que se acreditaron y sus alcances en la vulneración del derecho político y/o otros derechos humanos de la víctima.
- Considerar quién es la persona que cometió la VPG: si es una funcionaria pública, si está postulada a una candidatura, si es militante de un partido político, si ejerce el periodismo, si es superior jerárquico de la víctima, entre otras más.
- Si existió una intención con o sin dolo para dañar a la víctima en el ejercicio de sus derechos políticos.
- Considerar si existe reincidencia por parte de la persona infractora en cometer VPG.
La Sala Superior también eliminó las medidas de reparación integral para la gobernadora, como una disculpa pública o la publicación de la sentencia.