La implementación del voto en los centros penitenciarios del país va sumando obstáculos administrativos desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y la negativa de algunas entidades por sumarse a este protocolo.
Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel, alertaron en la Comisión de Capacitación Electoral del retraso desde el Instituto para firmar convenios con seis entidades y la negativa de Veracruz y Yucatán para llevar a cabo el voto en prisión.
“Es el caso particular de Veracruz, porque una de las cosas que dice es que no puede dar información porque no se ha suscrito el convenio respectivo. Sin embargo, no se suscribe el convenio respectivo porque ellos se niegan a hacerlo”, señaló la consejera Ravel.
“(Están) los casos de las tres entidades que no ha respondido absolutamente nada, Coahuila y Zacatecas, y Jalisco que no ha respondido respecto al número de personas en prisión preventiva”, detalló la consejera Humphrey.
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En otras entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí los avances se reportan en “cero” para la entrega de indicaciones.
“Yo creo que sí hay que ver una ruta incluso jurídica para que se pueda garantizar este derecho humano de las personas que se encuentran en prisión preventiva, personas -que hay que recordar- no tienen suspendidos sus derechos políticos electorales y por lo tanto deberían de poder ejercerlos.
Y solamente se trata de una imposibilidad física de poderse permanecer a las casillas el día de la jornada electoral, pero sus derechos deben de estar ahí y se deben de garantizar”, explicó Dania Ravel.
La falta de información al INE se refiere al número de personas recluidas o los centros penitenciarios propuestos para hacer la jornada electoral.
“En Coahuila no se ha reportado absolutamente nada, ni centros penitenciarios reportados, ni personas recluidas, ni los propuestos para hacer este ejercicio y garantizar este derecho, tampoco Zacatecas, ninguna información”, comentó la consejera Carla Humphrey.
La jornada de votación en los centros penitenciarios será del 6 al 20 de mayo, previo a esto debe existir una coordinación con autoridades estatales.
En los lineamientos se detalla que las secretarías de Seguridad Pública, federales y locales deberán ofrecer información -con corte de diciembre 2023- una base de datos de las personas recluidas sin sentencia condenatoria.
Las personas necesitan la inscripción en la Lista Nominal de Electores y “no tener suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria”.