Una de las actividades ilícitas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el reclutamiento forzado para adherir a nuevos integrantes a sus filas.
Uno de los modus operandi de este grupo criminal para cometer este delito es mediante la difusión de ofertas de empleo falsas para ser guardias de seguridad y ahora ya no sólo engañan a personas que necesitan empleo en México, sino que atraen a exmilitares de Colombia para que vengan a nuestro país.
Un grupo de cinco exmilitares colombianos relató a El Universal que el cártel que lidera Nemesio Oseguera Cervantes los reclutó a través de redes sociales para que vinieran a México y se desempeñaran como escoltas, así como guardias de seguridad privada; sin embargo, cuando llegaron terminaron trabajando para el grupo criminal.
Las ofertas de empleo difundidas en redes sociales corresponden a una empresa falsa y ofrecen un salario de 46 mil pesos mexicanos, lo que equivale a 10 millones de pesos colombianos, al mes. Todos los gastos para viajar a México son cubiertos por el CJNG y las víctimas de reclutamiento piensan que los paga la compañía que los contactó.
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Uno de los exmilitares contó que en su caso le asignaron una cantidad de dinero para viajar, primero visitó Calí y después tuvo que trasladarse a Bogotá, desde donde viajó en jet privado con otras siete personas hacia Cancún, en Quintana Roo. Posteriormente se trasladaron a Guadalajara, Jalisco.
Una vez que llegó a la capital de Jalisco fue trasladado en camionetas de la Policía Estatal hacia un rancho lujoso en Tuxpan, municipio que se localiza cerca de Colima y Michoacán. Ahí les dijeron que ya eran parte del CJNG y no tuvieron otra opción más que aceptar, debido a que los amenazaban constantemente.
Al día siguiente les entregaron armas y equipo táctico, entre las que había AK-47, y en el mismo rancho había otros colombianos que ya llevaban más tiempo.
Además, les dieron la instrucción de que iban a tener que apoderarse de los municipios que colindan con el de Santa María del Oro, en Jalisco, es decir Jilotitlán de los Dolores, Tamazula de Gordiano, Valle de Juárez y Quitupan. Igualmente les dieron la instrucción de asesinar a quien intentara impedirlo.
Otra de las víctimas de reclutamiento forzado de Colombia narró a El Universal que, después que les entregaron el equipo táctico y las armas, lo llevaron a una casa de otros sicarios y lo obligaron a tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales.
CJNG busca formar grupo con 300 exmilitares o guerrilleros de Colombia
Asimismo, contaron que los colocan en la zona serrana de Tuxpan y en las montañas de la región. Los colombianos que son obligados a ser sicarios tienen que asesinar a cualquier persona que sea un obstáculo para cumplir con su objetivo, aunque sea inocente.
Uno de los colombianos entrevistados por dicho diario relató que le pidieron matar a un campesino y él lo dejó ir, lo que casi le cuesta la vida.
A pesar de que les daba miedo escapar porque, según las víctimas, hay colusión del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Estatal algunos sí lograron huir. No obstante, advirtieron que el reclutamiento forzado del CJNG va a continuar porque lo que buscan es formar un grupo de exmilitares o guerrilleros colombianos conformado por 300 personas al menos, por lo que también están cooptando a exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
CJNG intenta impedir escapes de colombianos con minas
Otras víctimas de Colombia dijeron que el CJNG también recluta a personas de su país con ofertas para cuidar huertas de aguacate y como escoltas, a quienes aceptan esta oferta de empleo falsa los trasladan en vuelos comerciales y también los llevan al rancho de Tuxpan.
Una vez ahí les explican lo que en realidad van a tener que hacer. El cártel de las cuatro letras empezó a colocar minas alrededor de los campamentos que tienen en esa zona para evitar que más colombianos huyan.
Este modus operandi del CJNG de reclutamiento forzado con ofertas de empleo falsas fue dado a conocer en agosto pasado por distintos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de México, debido a que se registraron varios casos y se encontró que la terminal de autobuses de Tlaquepaque, en Jalisco, era uno de los lugares en los que pactan reuniones con las víctimas.
Una vez que llegaban ahí sus familiares dejaban de tener información con las víctimas. A pesar de que el gobernador Enrique Alfaro fue cuestionado sobre esta situación, el mandatario estatal minimizó el problema.
