La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y particular, la ‘Súper Secretaría’ de Seguridad, la cual es encabezada por Omar García Harfuch.
Con un total de 37 votos a favor, la Comisión dio ‘luz verde’ a la iniciativa en materia de seguridad pública y que da nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Tras su aprobación, el dictamen impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro, donde será analizado, discutido y posiblemente aprobado por las y los diputados en los próximos días.
¿En qué consiste la Súper Secretaría de Seguridad?
La iniciativa aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados contempla la modificación al artículo 21 de la Constitución que le proporciona más atribuciones a la Secretaría de Seguridad.
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De esta forma la SSyPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, auxiliará a la presidenta Sheinbaum en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y encabezará el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad podrá coordinar acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno y solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de posibles delitos.
También la dependencia a cargo de Harfuch podrá realizar la investigación de delitos, al igual que lo hace el Ministerio Público, la Guardia Nacional (GN) y militares.
De igual modo, la iniciativa constitucional establece que los recursos destinados a la seguridad pública deberán ser auditados y vigilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), órgano que también podrá emitir acuerdos y lineamientos, así como homologar estándares y criterios de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Según en palabras del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la ‘Súper Secretaría’ mejorará la eficiencia de las investigaciones y detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.