Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, insistió en que la Suprema Corte de Justicia busca violar la Constitución a través de haber admitido controversias contra la reforma judicial.
En entrevista con Enrique Acevedo, en Radio Fórmula, el morenista señaló que cuando era parte de la oposición durante la gestión de Peña Nieto, la Corte desechaba todas las impugnaciones y cuestionó por qué ahora cambió.
“Siempre fui un opositor duro, pero siempre apegado a la Constitución y nosotros planteamos una reforma a la ley energética y promovimos una consulta que no procedió en la Corte”, recordó.
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“Todo lo que planteábamos en materia de impugnaciones constitucionales y legales nunca procedieron y nunca se permitieron, se declaraban notoriamente improcedentes, que es lo que ahora debió haber hecho la Corte cuando partidos políticos sin tener legitimación jurídica presentaron recursos de invalidación de la Constitución”.
Monreal dijo que la Corte también debió haber rechazado esta vez la controversia presentada por partidos de oposición contra la reforma judicial.
“Lo que la Corte y el ministro oponente debió haber hecho es que este recurso planteado por el PRI, PAN o MC es notoriamente improcedente y por tanto se desecha, y no fue así, se admitió, se aceptó y se sustanció violando la Constitución”, acusó.
Enfatizó que nunca antes se había visto un acto de semejante “audacia” por parte de la Corte para invalidar una reforma, por lo que defendió la reforma de supremacía constitucional.
El proyecto de la Corte vs. la reforma judicial
De acuerdo con el proyecto para resolver acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI y otros diputados, el Ministro González Alcántara Carrancá plantea tumbar la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero se prevé mantener firme el proceso para elegir a los ministros de la Corte y magistrados electorales mediante voto popular.
El documento, que se someterá a votación ante el pleno de la Corte, también busca eliminar la figura de los “jueces sin rostro”, medida que, aunque busca proteger a juzgadores del crimen organizado, tiene el antecedente de haber sido usada por regímenes autoritarios para perseguir a opositores y violar derechos humanos.