La Secretaría de Gobernación (Segob), en representación del gobierno federal, presentó una solicitud de juicio político en contra del juez Crescencio Contreras, a quien acusan de favorecer con sus resoluciones a grupos del crimen organizado y así fomentar la impunidad. Dicha petición fue ante la Cámara de Diputados.
Crescencio Contreras Martínez, quien es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, es señalado por favorecer a integrantes de organizaciones criminales que operan en el norte de México, "a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México", dijo.
El gobierno federal argumentó que dicho juez fue el responsable de liberar a integrantes del crimen organizado, que fueron acusados de secuestrar a 31 migrantes, el pasado 30 de diciembre de 2023 y en Tamaulipas. Dichas personas también eran señaladas por el tráfico de fentanilo y el uso de armas exclusivas del Ejército.
Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces", apuntó la Segob.
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La solicitud de juicio político fue presentada ante la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se investigue y analice la actuación del juez en los asuntos mencionados. En caso de que sea aprobada, la petición llegará al Senado de la República y, en caso de tener visto bueno, se solicitará la destitución del juzgador.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Crescencio Contreras Romero es licenciado en Derecho por parte del Centro Universitario de Ixtlahuaca. Cuenta con grados de maestría y doctorado, éste último ante el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal.
Apenas el pasado 30 de mayo de 2023, el juez fue ratificado como juzgador federal, de acuerdo con un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En semanas recientes, el juzgador fue señalado por la liberación de las personas implicadas en el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas.
La privación de la libertad de estas personas fue atribuida al Cártel de Golfo, una organización delictiva que opera en Tamaulipas, donde mantiene una pugna con grupos rivales como el Cártel del Noreste o el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes buscan el control de las rutas fronterizas.
De momento, Crescencio Contreras Martínez, juez señalado por la 4T y para el que se abrió una solicitud de juicio político, no ha emitido una postura en torno a los señalamientos en su contra; tampoco lo ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal.