La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la fracción del Código Penal Federal que criminaliza a las mujeres y personas gestantes que deciden abortar el 6 de septiembre pasado. Lo que ha generado varias preguntas, como ¿esto quiere decir que la interrupción del embarazo ya es legal en todo el país?, ¿qué pasará en los estados donde no se ha despenalizado?, ¿quienes hayan sido encarceladas van a ser liberadas?
Vamos por partes. El que la Corte haya emitido esta resolución no significa que el aborto ya es legal en todo el país. Sólo es así en las 10 entidades en las que los Congresos locales han legislado para que así sea, aunado a que el máximo tribunal lo despenalizó en Coahuila, igual que en Aguascalientes.
Los efectos de la resolución de la Corte se traducen en que ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizada si decide ejercer su derecho al aborto. Tampoco ocurrirá con el personal médico, parteras, comadronas que faciliten el proceso ni podrán ser suspendidas, debido a que la Corte indicó que es discriminatorio hacerlo.
Además, el Congreso de la Unión deberá legislar para derogar los artículos del Código Penal Federal que provocan la criminalización antes de que finalice el periodo de sesiones en que la Corte le envíe la sentencia. Lo que es importante para establecer que el aborto no es un delito y no tiene por qué estar dentro de normas jurídicas punitivas.
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“Sienta un precedente que la Corte lo haya dicho y de alguna manera pasa como en el estado de Coahuila que quizás, aunque todavía no ha ocurrido este proceso, ya no hay ningún juez que pueda dictar alguna sentencia para las personas que abortan ni para iniciar algún proceso para el personal de salud que brinde estos servicios”, explicó Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María.
En entrevista con Grupo Fórmula también detalló que la sentencia de la Corte “desarma” cualquier caso mediante el cual se busque castigar a una mujer o persona gestante por abortar porque el Poder Judicial está obligado a acatar la resolución.
Aunque la resolución impide que haya criminalización, la victimización social no se termina, de acuerdo con Lomelí. Un ejemplo de esto es que una mujer o persona gestante puede llegar a un hospital por una emergencia obstétrica y si el personal de salud se da cuenta de que hubo un aborto, pero desconoce lo que estableció el máximo tribunal, puede dar aviso al Ministerio Público.
El desconocimiento de los efectos de la sentencia por el personal del Ministerio Público podría derivar en la criminalización y pese a que la acusación no va a proceder cuando llegue a un juez, sí es posible la estigmatización y victimización.
“Creo que es complejo y delicado y lo digo porque justo eso no quiere decir que las mujeres no sigan o no haya este riesgo de pasar por todo ese proceso que, si bien es un proceso de victimización, de criminalización social, va a seguir teniendo un impacto en la experiencia concreta de quienes están abortando. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta y frente a eso hace mucha falta la difusión y un esfuerzo real del Estado de socializar cuáles son las implicaciones de estas sentencias para que quede claro”, sostuvo la coordinadora de Fondo María.
¿Y qué pasará con las mujeres encarceladas por abortar?
La coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Amelia Ojeda, expuso en entrevista que la resolución del máximo tribunal no beneficia a mujeres, personas con capacidad de gestar ni a personal sanitario privado de la libertad por aborto porque no hay ninguna persona encarcelada bajo el Código Penal Federal.
Si fuera el caso, las autoridades judiciales tendrían que dejarlas en libertad después del pronunciamiento del 6 de septiembre. Lo mismo ocurrió en 2021 cuando la Corte dijo que era inconstitucional criminalizar el aborto en Coahuila, se pensó que cientos de mujeres y personas gestantes iban a ser liberadas y no pasó.
Las organizaciones, asociaciones y colectivas en derechos reproductivos han encontrado, mediante solicitudes de información vía transparencia, que son pocas las mujeres y personas gestantes encarceladas por el delito de aborto; pues aunque inicialmente hayan sido detenidas bajo ese motivo terminan enjuiciandolas por otros tipos penales, como homicidio en razón de parentesco.
“Generalmente lo que se hace y que es muy grave, es que se cambia el tipo penal por el cual se les criminaliza, las podemos encontrar por delitos como homicidio en razón de parentesco, pero no por aborto”, añadió la coordinadora de Fondo María.
Ambas coordinadoras coincidieron de forma individual en que esto se debe a que las penas por aborto son mínimas, lo que no quiere decir que es menos grave ser privada de la libertad por decidir sobre su cuerpo; sin embargo, las mujeres y personas gestantes encarceladas por abortar están acusadas de delitos que tienen más agravantes y eso implica más años en prisión.
Por ese motivo, cuando se realizan búsquedas en las bases de datos de las instituciones de procuración de justicia para conocer cuántas mujeres han sido encarceladas parece que son pocas o no hay ninguna.
“Es un problema porque aunque tengamos ya estas sentencias en donde no debería de haber nadie presa por abortar, sabemos que la realidad es que hay casos en donde no es por ese delito por el que se nos está criminalizando”, sostuvo.
Mujeres son criminalizadas aún con resoluciones de la Corte
Abortistas MX realizó una búsqueda en seis estados de la República sobre las mujeres y personas gestantes encarceladas por abortar para el informe "Decidir Abortar. Entre la criminalización y el ejercicio de un derecho", el cual será presentado el próximo 4 de octubre.
No obstante, Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx, dio un adelanto a Grupo Fórmula y detalló que hicieron solicitudes de información a las Fiscalías Generales, a los Tribunales Superiores de Justicia y a las Defensorías Públicas de Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz para conocer cuántas carpetas de investigación hay contra mujeres y personas gestantes criminalizadas por abortar, así como por homicidio en razón de parentesco (HRP).
Los hallazgos fueron los siguientes:
En el caso de Jalisco, el Tribunal Superior de Justicia sólo entregó la información correspondiente a un distrito y la Fiscalía General del Estado entregó datos sobre homicidio en razón de parentesco, pero no es posible conocer cuáles corresponden a aborto.
Mientras que en el caso de Nuevo León la Defensoría Pública del la entidad también proporcionó la información sobre homicidio en razón de parentesco, pero no se puede distinguir cuántos casos son por aborto y lo mismo sucedió con la Fiscalía.
Esta información demuestra que las afirmaciones de que ninguna mujer o persona gestante iba a ser criminalizada después de las resoluciones de la Corte no son del todo ciertas, según la coordinadora de incidencia.
"Las personas que siguen teniendo esa criminalización, pues son personas en vulnerabilidad. O sea personas adolescentes, personas indígenas, personas que no viven en la capital. Entonces creo que sí es importante que podamos hacer un análisis porque no ha bajado la criminalización y también recordar que la despenalización o las despenalizaciones que se están dando en el país, menos en Coahuila y en Guerrero, en realidad son parciales", puntualizó en entrevista con Grupo Fórmula.
Ninde MolRe consideró que mientras el aborto sea restrictivo a las 12 semanas de gestación, las mujeres y personas gestantes que interrumpan un embarazo después de ese tiempo van a seguir siendo criminalizadas, estigmatizadas y corren el riesgo de que las fiscalías las enjuicien por homicidio en razón de género o calificado. Lo que las deja expuestas a permanecer largos periodos de tiempo encerradas.