El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perdonó al PRI por la llamada operación Safiro, mediante la cual se desviaron 250 millones de pesos del erario, al confirmar que no había pruebas para sostener que el dinero fue a parar al tricolor.
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó así la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que no se pudo confirmar que el tricolor hubiera recibido aportaciones de entes prohibidos para sus campañas de 2016.
De esta forma, el máximo tribunal en materia electoral dio respuesta a las quejas que presentaron integrantes de Morena, PAN y PRD en contra del PRI y de quienes resultaran responsables, por la existencia de presuntas aportaciones indebidas.
Esto luego de que saliera a la luz la llamada operación Safiro, un esquema mediante el cual se habrían desviado 650 millones de pesos de recursos públicos a las campañas del PRI en 2016.
Te podría interesar
El INE llevó a cabo una investigación al respecto y acreditó que 250 millones de pesos, originalmente transferidos del Gobierno Federal al Gobierno de Chihuahua, fueron enviados a cinco empresas para la prestación de servicios que nunca se realizaron y que, a su vez, los remitieron a distintas subempresas que, mayormente, dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones en efectivo.
Sin embargo, el organismo electoral no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaron. Inconforme con la resolución, Morena acudió ante la Sala Superior.
En sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, el Tribunal ratificó al determinación del INE al considerar "que la valoración probatoria que realizó fue correcta".
Pues explicó que, aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI.
Además, puntualizó que el quejoso (en este caso Morena) no confrontó los razonamientos del INE, no precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta y tampoco desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
Cabe destacar que la magistrada Janine Otálora Malassis y el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra del proyecto al estimar que el expediente se debía regresar al INE, con el fin de que se hiciera mayores investigaciones y requerimientos.