El abogado y exsecretario de Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, adelantó que, independientemente de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la invalidez de la segunda parte del Plan B electoral, éste no puede afectar el proceso electoral para 2024 que formalmente inicia en septiembre.
Este jueves, la Suprema Corte prevé someter a discusión un proyecto para resolver una controversia constitucional promovida por el INE en contra de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicadas en el Diario Oficial de la Federación en marzo pasado.
"Aunque no lo sepultaran, el Plan B no aplicaría para el siguiente proceso electoral porque ya se activó la cláusula constitucional que impide que 90 días antes de la elección, entren en vigor modificaciones sustanciales al proceso electoral, el cual empieza formalmente en septiembre", explicó Roberto Gil Zuarth.
Roberto Gil Zuarth explicó que el Plan B fue suspendido por el ministro instructor y ahora que inicia la veda electoral elecciones presidenciales de 2024, por la que no se pueden hacer modificaciones a la ley electoral 90 días antes que inicie el proceso, el cual formalmente inicia en septiembre. Por lo que el último cambio a la ley para ser válido para el proceso del año entrante debió ser antes del 2 de junio pasado.
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¿Por qué se discutirá otra vez el Plan B en la Suprema Corte de Justicia?
La primera parte del Plan B fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo de 2023 por vicios en el proceso de aprobación. Esta primera parte contemplaba modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2022.
El ministro Javier Laynez Potisek prepara un proyecto para que la Primera Sala de la SCJN discuta la invalidez de la segunda parte del Plan B, que incluye reformas a la LGIPE, así como cambios a las leyes General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; y necesita un total de 8 votos a favor de los 11 ministros de la SCJN para lograr la invalidez de la reforma.
Roberto Gil Zuarth explicó que el proyecto plantea tres razones fundamentales:
- Que el Congreso utilizó un mecanismo de excepción que es la dispensa de trámites, sin justificarlo. La dispensa de trámites debió estar razonablemente motivado y debía explicitarse por qué se utilizó ese mecanismo de urgencia. Pero en este caso, no hubo una razón objetiva para abrir paso a un paquete de más de mil 500 hojas de texto
- Que no se publicó con anticipación el proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados, lo que impidió que los integrantes del Congreso pudieran analizar con detalle el contenido, discutirlo y aprobarlo o rechazarlo.
- Y la llamada "cláusula de la vida eterna" por el que partidos grandes podrían transferir votos a partidos pequeños de su coalición. Roberto Gil señaló que esta cláusula se aprobó en Diputados, luego en el Senado, el presidente ordenó que la quitaran, los diputados volvieron a probarla y finalmente los senadores la frenaron.
Gil Zuarth señaló que si se obtienen los ocho votos queda sepultado el plan B. Y que en caso de que no alcanzaran los 8 votos y no se invalidara, el plan B podría aplicar para futuros procesos electorales, de 2025 en adelante, porque a pesar de que una mayoría determinara que es inconstitucional, no alcanzaría los votos necesarios para la invalidez. En este caso, la validez o invalidez del Plan B tendría que resolverse en el Tribunal Electoral.