Para nadie es un secreto lo que lo que hizo Marcelo Ebrard, una de las "corcholatas" de Morena el lunes, fue el inicio de su carrera por la candidatura presidencial de Morena en las elecciones de 2024. "Mi plan B es invitar a Claudia (Sheinbaum) a Gobernación", dijo tras su renuncia a la Cancillería. Es decir, ya se vio como presidente.
Luego de que diputados de Movimiento Ciudadano (MC) interpusieran un recurso ante el Tribunal Electoral para pedirle que invalidara el acuerdo del fin de semana de Morena en que pone reglas a sus "corcholatas" para la definición de la candidatura presidencial en las elecciones de 2024, surge la duda de si se les puede sancionar e incluso si esto pone en riesgo su participación en los comicios.
Morena en su defensa alega que lo que está en juego es un cargo interno: la Coordinación de la Defensa de la 4T, posición que en todas las entidades ha resultado la precandidatura de facto a la gubernatura, y en este caso todo apunta a que también será la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024.
Contra esa nomenclatura truculenta, distintos especialistas como Roberto Gil Zuarth o el propio exconsejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde acusan que de antemano lo que está haciendo Morena se trata de un proceso ilegal por ser antes de tiempo, que incluso se puede sancionar como actos anticipados de precampaña, y por no estar fiscalizado.
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Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE) utiliza una definición diferente para esto, lo que en cierta medida deja una laguna legal para regular estas prácticas.
"Estamos sin reglas que permitieran aplicar una sanción de ese tipo. No hay norma clara, no tenemos reglas claras", comentó el también exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez.
Si bien recordó que en 2021 el INE anuló las candidaturas de dos aspirantes de Morena, Raúl Morón y Félix Salgado, por incumplir con informar de los gastos de precampaña, actualmente la Ley ya no prevé esa sanción en caso de actos anticipados de precampaña o de campaña.
En entrevista con Grupo Fórmula, explicó que no obstante este proceso de Morena para elegir a quien coordine la Defensa de la 4T, que de facto es la designación de la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024, es una simulación pues los destapes anticipados es algo que se trata de prohibir tras las elecciones de 2006.
Ello además tenía el objetivo de tener un mayor control de los gastos que se tienen por parte de los partidos en el marco de las precampañas y las campañas electorales.
Campaña anticipada de Morena y de dinero de dudosa procedencia
En el caso del proceso interno de Morena, resaltó que el problema no está en la definición de las reglas del proceso interno, lo cual es válido y es hasta un requisito de ley, sino que se hace fuera de tiempo y sin claridad en términos de fiscalización.
Sobre el primer tema, la LGIPE establece que el proceso electoral comenzará en noviembre de 2023 y que la precampaña será en la tercera semana de ese mes; sin embargo, Morena ya comenzó cinco meses antes.
Para el segundo caso, la duda se marca en dos vertientes: por un lado, el partido no estableció condiciones claras respecto a los gastos que se pueden ejercer; por el otro, no habrá un órgano encargado sobre la fiscalización y la rendición de cuentas sobre el origen y el uso de los recursos.
"Que nadie se llame a sorpresas si vemos que hay dineros que quién sabe de dónde vengan, que apoyan a ciertos personajes", comentó Sánchez Gutiérrez. " Ahorita, por ejemplo, si alguno de los miembros de Morena que están aspirando a una candidatura obtiene financiamiento del extranjero o de la iniciativa privada o de... ¿Cómo lo vamos a saber?", alertó.
Ejemplificó que Morena, al no fijar topes de gastos ni otros criterios en relación con los recursos, se pueden presentar casos en que alguna de las "corcholatas" tenga un despliegue enorme de recursos sin tener claridad ni del monto ni del origen.
Ante ello, urge que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelvan los recursos presentados con el fin de o bien, emitir medidas cautelares o sanciones, o por lo menos, dar claridad a los demás partidos de que lo que hace Morena se vale para todos.
"Si el Tribunal establece que esto se vale, habría que decir que lo que está escrito en la ley no es muy válido", lamentó.
¿Se puede castigar a las 'corcholatas'?
De acuerdo con José Perdomo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, sí, pues flagrantemente se puede interpretar como actos anticipados de campaña a lo que están haciendo las "corcholatas" de Morena.
Sin embargo, ¿vale la pena? A raíz de la reforma a la LGIPE de 2022, las sanciones por cometer estos actos anticipados de campaña van de una amonestación pública (un regaño) o hasta una multa de poco más de 10 mil pesos que además de todo se cobra a las prerrogativas de los partidos. Es decir, no representa algo contundente en contra de los partidos o las candidaturas.
"¿Para qué inicio un procedimiento en que la sanción va a ser nada? No va a generar un efecto resarcitorio en beneficio de los partidos políticos de oposición. Es un delito menor. Los efectos o la sanción no hacen ningún daño", advirtió.
Las "corcholatas" de Morena apenas están en una fase de destape, y poco a poco seguirán con la promoción de sus nombres en vista de obtener las mayores preferencias en la encuesta, que conoceremos el 6 de septiembre próximo. Mientras tanto, veremos una oleada de renuncias, mensajes públicos y 'destapes' con 'gabinetazo' incluido, como el de Marcelo Ebrard.