La presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, acusó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el plan B de AMLO estaría "sustituyendo al Congreso de la Unión" y violando la división de poderes.
"Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos", acusó en un comunicado.
Y es que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán propone anular el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo.
Pero presidencia señala que eso es falso y acusa que el ministro no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, con lo cual no examina los argumentos de todas las partes y no da cumplimiento a un artículo constitucional y a otro de la Ley Reglamentaria.
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"También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el 'plan B' en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN", se añade en el comunicado.
Las leyes mencionadas fueron aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en diciembre de 2022.
Presidencia acusa que Suprema Corte no resuelve asuntos sobre sexenios anteriores
Luego de que la Suprema Corte no aceptara discutir primero una demanda contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) presentada desde el 2018, presidencia la acusó de tener dos parámetros distintos.
"...uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada", se precisó en el comunicado.
Si se hubiera discutido primero la demanda contra la LGCS, la discusión sobre el plan B de AMLO se hubiera aplazado.
Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán el día de mañana el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, con el que se pretende eliminar la primera parte de la reforma electoral.