El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaren inconstitucional el llamado Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El emecista considero que los ministros tienen la responsabilidad de ser los equilibradores de las decisiones entre los poderes de la unión.
"Que sea declarado como lo es inconstitucional y que los ministros de la corte sepan que en términos de la Constitución tienen la obligación de ser los equilibradores de las decisiones de los poderes", dijo a medios la tarde de este sábado.
Durante las reuniones de la Comisión Permanente y de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Naranja, Delgado indicó que el próximo 5 de diciembre lanzará la convocatoria para la candidatura a la presidencia de la República, aunque desde julio iniciarán trabajos preparatorios.
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"Nosotros vamos a dar cuenta de los seminarios que se están realizando para llevar adelante la agenda ciudadana para el programa de gobierno 2024. Vamos a generar un verdadero ejercicio que permita que expertos aporten sus puntos de vista y hagamos una amplia consulta ciudadana", aseveró.
El líder de MC anunció que su partido también presentará su denuncia ante el poder judicial por las reformas aprobadas el llamado 'viernes gris' en el Senado de la República, pues cuentan con 30 días desde su aprobación para presentar los recursos ante la corte.
"Tengan la absoluta seguridad de que vamos a actuar con la congruencia. Que quieran hoy o no reconocerlo y valorarlo con la que se ha comportado la única organización electoral que de manera sistemática ha mantenido un ejercicio de congruencia"
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el jueves pasado que será el próximo lunes 8 de mayo cuando se analice el proyecto de sentencia presentando por el ministro Alberto Pérez Dayán con el que se pretende eliminar la primera parte de la reforma electoral.
Esto luego de rechazar la propuesta de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, quien solicitó a la Corte analizar primero las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) promovidas por senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano (MC), antes que el Plan B.