La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio visto bueno al acuerdo que dispone a las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad, en tanto se termina de consolidar a la Guardia Nacional (GN), pues consideró que no se invaden las competencias de los gobiernos municipales y estatales, ya que la seguridad pública es responsabilidad de los tres órganos de gobierno.
Los gobiernos municipales de Colima (Colima) y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes), así como la anterior administración de Michoacán, realizaron una impugnación al decreto publicado el 11 de mayo de 2020, cuando se refrendó la labor de las fuerzas armadas para efectuar labores de seguridad pública y así coadyuvar a lo hecho por la GN.
De acuerdo con el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las fuerzas armadas pueden hacer labores de seguridad pública de manera permanente, "extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se debe coordinar con la Sedena y la Marina para tal fin.
"La seguridad pública es una materia concurrente de los tres órganos de gobierno y, por ello, no implica subordinación, dependencia o intromisión del poder ejecutivo federal", determinó la Suprema Corte, durante este jueves, cuando resolvió las controversias constitucionales 85/2020, 87/2020 y 91/2020 en torno al tema de seguridad pública.
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Para llegar a tal resolución, la SCJN tomó en cuenta los argumentos ofrecidos para resolver la controversia constitucional 90/2020, presentada por diputados del Congreso de la Unión, al considerar que el decreto del Ejecutivo vulneraba la división de poderes, pues consideraron que tal determinación se encuentra "debidamente fundada y motivada".
Recordemos que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro rechazó el decreto de mayo de 2020, al considerar que se aprovechaba la emergencia sanitaria por las primeras olas de COVID-19 para 'militarizar' el país y afirmaron que la medida era inconstitucional.
Aunque el decreto precisó que las fuerzas armadas debían operar bajo los preceptos de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (LNUF), la oposición consideró que no había regulación alguna en la actuación de las fuerzas armadas, aparte de que los militares no se 'subordinarían' a la entonces recién creada Guardia Nacional.
El decreto presentado en 2020 por el gobierno federal no tiene relación con la polémica modificación a la Ley de la Guardia Nacional, aprobada en 2022 y que se elevó a rango constitucional tras ser aprobada por 20 congresos locales, donde se fija que este cuerpo de seguridad hará labores de seguridad pública hasta 2028, cuando la fecha original era 2024.