La Fiscalía General de la República (FGR) giró 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos para penales en la gestión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, que se encuentra a la espera de recibir una sentencia por delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos.
En un comunicado emitido durante la tarde de este lunes, la Fiscalía anunció que las órdenes de aprehensión son en contra de Jonathan Alexis 'N' y Mauricio Samuel 'N', a quienes se les acusa de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Estas personas se coludieron para saquear recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)", detalló la FGR.
Una de las personas mencionadas en el comunicado de la FGR es Alexis Weinberg, quien fungió como prestanombres de García Luna, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mientras que la otra persona señalada es Mauricio Samuel Weinberg, padre de Alexis y conocido del exesecretario de Seguridad.
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Asimismo, la Fiscalía de la República solicitó la emisión de una ficha roja por parte de la Interpol para todos aquellos que se hayan fugado del país. La dependencia no ofreció nombres de las otras 58 personas ligadas al caso, sólo mencionó que se trata de servidores públicos y particulares.
Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuenta con una orden de aprehensión en México por el caso de los Ceferesos, donde el funcionario fue responsable de un presunto daño patrimonial; esto a través de 10 contratos que suman 5 mil 112 millones de pesos.
Dichos penales federales fueron privatizados, lo cual "generó un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades al respecto", señaló la FGR, quien también investiga a García Luna por la operación 'Rápido y Furioso', donde se traficaron armas de manera ilegal a México, mismos que terminaron en manos del crimen organizado.
¿En qué consistió el caso de los Ceferesos ligado a García Luna?
En 2010, durante la administración de Felipe Calderón, se creó el esquema de Asociación Público-Privada (APP) para evitar hacinamiento, corrupción y autogobiernos en las cárceles del país, pero que derivó en una serie de contratos opacos entre la iniciativa privada y el sector público, de acuerdo con la organización Documenta.
Los contratos entre el gobierno federal y las constructoras fueron por 20 años, a través de adjudicación directa y fueron 'blindadas' como de seguridad nacional, con el objetivo de no ofrecer información. Hasta 2020 había 10 cárceles privadas en las siguientes entidades: Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Coahuila, Morelos, Oaxaca y Ciudad de México.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estas cárceles privadas tienen las mismas deficiencias que las públicas, aparte de que los reclusos pagan hasta mil 500 pesos por su estadía, mientras que en una pública dan alrededor de 350 pesos.
En enero de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró que estos centros penitenciarios privados, negociados durante la gestión de Genaro García Luna, cuentan con una deuda contratada por 190 mil 638 millones 819 mil 084 pesos, por lo que el actual presidente pidió negociar los contratos.