La investigación "Con copia oculta" reveló que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo menos durante los primeros dos años, se continuó con el registro de eventos violentos vinculados con la delincuencia organizada que inició durante el sexenio de Felipe Calderón, derivado de la "guerra contra el narcotráfico".
Data Cívica e Intersecta encontraron entre los documentos que filtró el grupo Guacamaya en septiembre de 2022, información y una base de datos oculta en la que se registraron 58 mil 183 eventos violentos entre 2017 y 2020. Lo que indica que dicho registro también se efectuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En estos eventos violentos 70 mil 898 personas perdieron la vida y fueron registrados como homicidios vinculado a la delincuencia organizada.
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), es la dependencia que se encarga de recopilar y compartir esta información a través de enlaces con otras instituciones de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Las instituciones ya mencionadas conforman un grupo conocido como CANDADO y entre ellas circula este reporte que, de acuerdo con la investigación, se realiza de forma semanal. No obstante, no hay información que permita comprobar que el registro siguió después de 2020.
Además, ambas organizaciones señalaron que la base de datos permaneció oculta, ya que en varias ocasiones han solicitado vía transparencia la publicación continua de dicha información; sin embargo, la respuesta que les han dado es que "no se ha encontrado evidencia documental que atienda dichos requerimientos".
¿Qué otros datos de la guerra contra el narco ha ocultado la 4T?
La coordinadora del equipo de datos de Data Cívica, Alicia Franco, detalló durante la presentación de la investigación que gracias a la base de datos oculta pudieron identificar que en esta administración se sigue criminalizando y estigmatizando a las víctimas de los eventos violentos que presuntamente están vinculados con el crimen organizado.
Un ejemplo es que el presidente López Obrador afirmó en una conferencia de prensa que se realizó en marzo pasado que gran parte de los homicidios son resultado de los enfrentamientos entre grupos criminales para controlar la plaza. Lo que refuerza la idea de "se matan entre ellos" y, según Franco, es una estrategia que se usa para minimizar, así como para deslindarse de la responsabilidad que las autoridades tienen en los homicidios.
Los 58 mil 183 eventos violentos fueron clasificados en cuatro tipologías y se dividen de la siguiente forma:
- Homicidio vinculado a la delincuencia organizada: 52 mil 321 eventos.
- Enfrentamientos entre presuntos grupos de la delincuencia organizada: 436 eventos.
- Agresión directa de los presuntos grupos de la delincuencia organizada hacia la autoridad: 2 mil 327 eventos.
- Agresión por enfrentamiento entre la autoridad y los presuntos grupos de la delincuencia organizada: 3 mil 99 eventos.
En las últimas dos categorías las autoridades sí dispararon y se enfrentaron con grupos del crimen organizado, pero se justifica su actuar porque, supuestamente, responden a una agresión directa.
"Con copia oculta" también encontró que las fuerzas de seguridad omiten varios detalles al momento de registrar eventos violentos en los que estuvo presente, sobre todo si usaron las armas o dispararon. Así que el reporte de variables "es pobre".
Cuando se trata de agresiones o eventos con arma de fuego, sólo se conoce el calibre de las armas en el 70 por ciento de los casos; los nombres de las víctimas sólo se reportan en el 50 por ciento de los actos; el grupo delictivo al que pertenecían se reconoce únicamente en el 5 por ciento de los casos y sólo hay seguimiento legal en 1 de cada 4 eventos.
Los porcentajes anteriores disminuyen cuando la autoridad reconoce que disparó, el registro del calibre de las armas baja de 70 por ciento a 8 por ciento; el nombre de víctimas baja de 52.6 por ciento a 36 por ciento y el seguimiento legal disminuye de 22.3 por ciento a apenas 8 por ciento.
La información anterior resulta preocupante y contradictoria; pues la presencia de autoridades en los eventos violentos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada debería garantizar un registro más amplio y a detalle de los acontecimientos, pero no sucede de esa forma.
Por lo que la opacidad de las fuerzas de seguridad continúa al momento de presentar la información relacionada con eventos violentos, principalmente homicidios, que presuntamente están involucrados con el crimen organizado. Lo que también es una herencia de la "guerra contra el narcotráfico".