La investigación "Con copia oculta", realizada por Intersecta y Data Cívica, reveló que durante los primeros dos años, por lo menos, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dio continuidad al registro de información relacionada con la violencia que inició durante el gobierno de Felipe Calderón para informar de la llamada "guerra contra el narcotráfico", así como de la estrategia para combatir la violencia e inseguridad.
Ello, a pesar de que el primer mandatario aseguró que iba a mantener una estrategia de paz desde el inicio de su gobierno y de que en la conferencia de prensa del 30 de enero del 2019, López Obrador declaró “el fin de la guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, la llamada "base oculta", el registro de estos datos en línea con los sexenios anteriores, demuestra que "la la lógica de la guerra sigue presente", advierte el informe.
Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, detalló que la base de datos es una continuidad a la que se elaboró durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y que se hizo pública en 2011. A la cual se le conoce como "Base Presidencia" y que contenía información sobre defunciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que ocurrieron entre 2006 y 2010, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”.
La investigación permitió conocer que la información que maneja la Sedena es distinta a la que publican y que no sólo criminaliza a las víctimas, sino que justifica, minimiza y encubre la participación del Estado en los homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado, señaló Alicia Franco, coordinadora de equipo de datos de Data Cívica.
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"Con copia oculta" detalló que se registraron 58 mil 183 eventos violentos que la autoridad vincula con la delincuencia organizada entre enero de 2017 y 2020. En los cuales 70 mil 898 personas perdieron la vida, a esto se le considera homicidio vinculado a la delincuencia organizada.
Durante este periodo de tiempo hubo 130 mil 583 homicidios, de acuerdo con el Registro de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lo que significa que el gobierno atribuye el 54.2 por ciento de asesinatos del país a la "guerra contra el narco", según el informe.
Los estados con más registros de homicidios vinculados al crimen organizado y su combate son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Los cuales están sobrerrepresentados en la base oculta, según l investigación, debido a que concentran un porcentaje de registros mayor a lo que proporcionalmente tiene el Inegi.
Entre enero de 2017 y julio de 2018 se registraron 26 mil 438 homicidios presuntamente vinculados al crimen organizado; mientras que de enero de 2019 a julio de 2020 se documentaron 34 mil 779 muertes bajo la misma clasificación, de acuerdo con la investigación.
La base de datos que ambas organizaciones realizaron a partir de la filtración de correos electrónicos también demuestra que el Estado utiliza lo registros de homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada de manera constante, puntualizó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.
Continúa la criminalización y la lógica de que "se matan entre ellos"
Alicia Franco señaló que la investigación "Con copia oculta" también permitió evidenciar que se sigue criminalizando y estigmatizando a las víctimas de los eventos violentos que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado.
A través de los correos, ambas organizaciones encontraron que una solicitud constante que se pide cuando se registra un evento violento es verificar si las personas involucradas tienen antecedentes penales. Sin embargo, si no es así, los siguen categorizando como presuntos delincuentes fallecidos.
En este sentido, Alicia Franco resaltó que el presidente López Obrador aseguró en marzo pasado que gran parte de los homicidios son resultado de los enfrentamientos entre grupos criminales por controlar la plaza. No obstante, los datos muestran que esa iniciativa viene de la "mal llamada guerra contra el narco" y se usa para minimizar, así como deslindarse de la responsabilidad que tienen las autoridades en los homicidios.
La base de datos demuestra que el actuar de las autoridades se justifica, minimiza y encubre a través de los registros oficiales. Un ejemplo es un caso conocido como la masacre de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas en septiembre de 2019, donde un grupo de 21 policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) asesinó a 8 civiles bajo el argumento de que les dispararon primero, que portaban uniformes tipo militar y que portaban armas largas.
Eso fue lo que le reportaron al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, en un correo electrónico el 6 de septiembre de 2019. Aunque el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que se trató de una masacre perpetuada por los elementos de seguridad y acusó que realizaron un montaje, ya que la noche del 5 de septiembre ingresaron a varias casas de Valles de Anáhuac y ejecutaron a civiles.
Posteriormente, les pusieron los uniformes y con una grúa colocaron el supuesto vehículo en el que viajaban y desde donde también les dispararon.
"En la base oculta se mantuvo historia original y 8 personas fallecidas se siguieron clasificando como presuntos delincuentes. En ninguno de los 58 mil eventos la fuerza de seguridad nunca agrede, siempre es el agredido", puntualizó Franco.
Se mantiene opacidad en homicidios cuando las fuerzas de seguridad están involucradas
La analista de datos dijo que se usaron varias tipologías y las fuerzas de seguridad utilizan 4 formas para reportar los eventos: homicidio vinculado a la delincuencia organizada, entendido como asesinato de personas que no son autoridades, y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Así como dos eventos en los que está presente la autoridad: agresión directa o agresión por enfrentamiento. La diferencia entre una y otra es si la autoridad disparó de regreso o no.
"Esta es una manera de usar el lenguaje para justificar su actuar. Es impresionante que en 4 años y casi 60 mil eventos, el Estado siempre esté respondiendo a una agresión. Sugerimos que es una manera de justificar asesinatos en enfrentamientos, ya que al estar repeliendo agresiones en su deber jurídico, pueden eludir responsabilidad penal", opinó.
Adicionalmente, encontraron que las fuerzas de seguridad omiten varios detalles de los enfrentamientos en los que estuvo presente. El reporte de variables "es pobre", agregó Franco, ya que cuando las agresiones se dan con arma de fuego, sólo se conoce el calibre en el 70 por ciento de los casos; los nombres de las víctimas sólo se reportan en la mitad de los hechos; el grupo delictivo al que pertenecían se reconoce únicamente en el 5 por ciento de los casos; sólo hay seguimiento legal en 1 de cada 4 eventos.
No obstante, estos porcentajes disminuyen cuando la autoridad reconoce que disparó, el registro del calibre disminuye a 8 por ciento, aunque la autoridad estuvo presente; nombre de víctimas baja de 52.6 por ciento a 36 por ciento y el seguimiento legal disminuye de 22.3 por ciento a apenas 8 por ciento.
Lo que resulta preocupante para ambas organizaciones; pues las instituciones de seguridad son las que deberían de proteger a los civiles y recabar la información de manera adecuada. Sin embargo, los datos advierten que las instituciones actúan con opacidad al momento de reportar la información relacionada con homicidios presuntamente involucrados con el crimen organizado.
¿Quién recopila la información de la guerra contra el crimen organizado?
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), comparte los registros de muertes vinculadas con el crimen organizado recopilados a través de enlaces de otras instituciones de seguridad, como la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A este conjunto de dependencias se le conoce como Grupo CANDADO. Por otra parte, Alicia Franco añadió que pese a que las instituciones de seguridad utilizan dicha información, la han ocultado, ya que en 2020 se realizaron solicitudes de información vía transparencia a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Sedena y ambas dependencias negaron la existencia de dicha información.
La base oculta se elaboró a partir de los documentos de la Sedena que el grupo Guacamaya filtró en septiembre del año pasado. Entre los que se encontró información sobre agresiones, enfrentamientos y ejecuciones de 2017 a 2020 presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Los conceptos que se utilizaron para registrar estos actos violentos son similares a los que se usaron durante el sexenio de Calderón y en el de Enrique Peña Nieto.