Un nuevo choque se desató por el Plan B este martes, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara levantar la suspensión de la reforma electoral lo que despertó la indignación de la Consejería Jurídica de la Presidencia que alego irregularidades.
La Consejería Jurídica de la Presidencia consideró que el ministro Alberto Pérez Dayán debió de abstenerse de participar en la votación que proponía revocar su propia resolución, la cual deja sin efecto las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Coahuila.
"Es una cuestión de ética judicial que el ministro Pérez Dayán no observó, pues, al ser juez y parte, estaba obligado a excusarse para no participar en la votación de un asunto en el que se proponía revocar su resolución, de conformidad con el artículo 126, fracciones XVI y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", indicó en un comunicado.
A la par, acusó que la decisión de mantener la suspensión del llamado Plan B "exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal", pues la ley prohíbe a los jueces, magistrados y ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron.
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Además, la consejería 'salpico' al ministro Laynez Potisek, al segurar que "en contra de sus propios precedentes, ahora ya no
considera que la suspensión de normas generales constituye una prohibición expresa que no da lugar a interpretación alguna".
Por todo ello, la consejería consideró que "la ley dejó de ser la ley para algunos ministros" y destacó que los integrantes de la Corte tienen la obligación de actuar con imparcialidad,
"Si los jueces no cumplen este principio, no existirá justicia", añadió y advirtió que "de ello dependerá conservar o perder su legitimidad"
Y es que este martes, tres de los cinco ministros de la segunda sala de la SCJN rechazaron el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que se planteaba revocar la suspensión de la reforma electoral para que fuera aplicada en los estados del país que este año tienen elecciones.
El proyecto fue presentado luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpusiera un recurso de reclamación contra la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán en febrero pasado para que el llamado Plan B quedará sin efecto en los procesos electorales de este 2023.
Las únicas que defendieron la aplicación de la reforma electoral fueron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel, mientras que Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez votaron en contra de la propuesta.
De esta forma, el proyecto deberá ser retornado al ministro, Javier Laynez Potisek, con la finalidad de que se vote con el criterio de la mayoría en una próxima sesión.