La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo impugnó la suspensión concedida por un juez de control contra una parte de Plan B, que tiene como objetivo que la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales desaparezca y sea integrada a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral.
El recurso de queja fue presentado por la Consejería Adjunta de Control Constitucional de la Consejería Jurídica -órgano a cargo de María Estela Ríos González-, debido a que presentó una impugnación en contra de la suspensión que dio el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien aseguró que no había motivos para la desaparición de dicha área del INE. Lo anterior de acuerdo con información de Reforma.
Francisco Javier Rebolledo Peña, el pasado 24 de marzo, admitió un amparo en contra de una parte del llamado Plan B y así frenar la desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El amparo fue promovido por Marisol Duarte Martínez, quien es la jefa del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de esa unidad del INE.
Para otorgar la suspensión en contra de la desaparición de dicha unidad del INE, Rebolledo Peña consideró que argumentos como 'despilfarro de recursos y abaratamiento en los costos de operación' son dogmáticos, aparte de que las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral (Plan B) no deben ser aplicadas por los procesos electorales de este año en Edomex y Coahuila.
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El recurso presentado por la Consejería Jurídica fue turnada a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual determinará si se concede (o no) la suspensión definitiva, o de lo contrario, se revoca el amparo que fue otorgado de manera previa por Rebolledo Peña.
En días recientes, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que retire la suspensión en contra del Plan B, que fue considerado como inconstitucional. Aparte de que señaló al ministro Javier Laynez Potisek por actuar fuera de lo "normal".
De acuerdo con los argumentos presentados la Consejería Jurídica, la Suprema Corte sólo puede admitir controversias donde se ponga en duda el actuar constitucional, pero esto no incluye a todas aquellas que hacen referencia a lo electoral. La suspensión del máximo tribunal aplica desde el pasado 24 de marzo.
Recordemos que uno de los objetivos del Plan B en materia electoral es compactar la estructura del INE, con el objetivo de que se eroguen menos recursos en su operación, de acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal. No obstante, los partidos de la oposición consideran que se trata de una medida para entorpecer las funciones del órgano electoral.
Con información de Reforma...