En octubre de 2022, Marco Antonio Tapia Lira volvió a su casa lleno de desesperación. Por segunda ocasión, una universidad lo expulsó de la carrera de Ingeniería en Sistemas por no entregar su certificado de preparatoria a tiempo, documento que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) no ha emitido para miles de estudiantes que se graduaron de Bachilleratos Tecnológicos privados en diferentes zonas del país.
“Mamá, creo que nunca voy a poder estudiar”, dijo al entrar. Su promedio de 9.5 prometía abrirle oportunidades, pero ni el Centro de Tecnológico de Computación Teoloyucan, donde estudió, ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron el documento.
Han pasado tres años desde que concluyó su educación media superior, dos universidades lo han dado de baja y él ha tenido que trabajar en el negocio familiar en vez de estudiar.
El hermano de Marco Antonio se graduó unos años antes de esa misma escuela privada, solo que él no formó parte de los 3 mil 11 estudiantes que de enero de 2022 a la fecha se reportan sin certificado en 16 bachilleratos tecnológicos que han formulado amparos y recursos de nulidad ante esta situación.
Te podría interesar
“Tengo casos en Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México”, dijo el abogado Abraham Cano, cuyo despacho representa escuelas privadas que buscaron ampararse ante la situación. “Es un tema a nivel nacional”, señaló.
La entrega de certificados de bachillerato tecnológico está a cargo de la DGETI, una dependencia de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), que a su vez está adscrita a la SEP, y se encarga del servicio educativo tanto de escuelas públicas, como de instituciones privadas con validez oficial.
Sin embargo, directores de las instituciones afectadas dieron a conocer que DGETI les dejó de entregar certificados en enero de 2022. Primero por tres cambios consecutivos de directores al frente de la dependencia y posteriormente por un hackeo en el que se registraron más de 1 mil 500 certificados falsos emitidos en una vulneración a la base de datos.
Sin certificado, no hay escuela
Valeria Almazán consiguió entrar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 2022 para estudiar Comercio Internacional, la universidad aceptó darle una prórroga para la entrega del certificado, pero ésta terminó y el documento nunca llegó.
“Finalmente la sacaron”, contó su tío Paul Almazán a Grupo Fórmula. “Ella salió en junio del 22 y ellos (el Centro de Estudios Administrativos Quetzalcóatl en Estado de México) le dijeron que por mucho en agosto ya le daban su certificado”.
Las irregularidades con DGETI comenzaron durante la pandemia, de acuerdo con la Unión Mexicana de Escuelas Particulares Incorporadas (UMEPI); mientras que a partir de enero de 2022, los certificados totales, parciales, duplicados y correcciones dejarían de ser emitidos, al igual que los números de control de estudiantes, es decir, sus números de registro como inscripción.
Grupo Forma intentó contactar con la institución vía telefónica para obtener su versión de los sucedido, pero la solicitud no fue atendida.
Las escuelas privadas en México se rigen bajo más de 10 Acuerdos Secretariales y se adscriben también a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) y a la Ley General de Educación. En estas normativas, se contemplan inspecciones ordinarias y extraordinarias a los planteles, así como la obligación de las autoridades educativas de emitir los certificados de estudios de los alumnos que han cumplido con los requisitos para obtenerlos.
Dentro de estas normativas se establece que existen varias modalidades para estudiar el bachillerato en escuelas privadas. Las tres principales son el escolarizado (presencial de 3 años), intensivo (2 años, presencial y sin vacaciones) y el autoplaneado (presencial al 30 por ciento y sin periodos vacaciones).
A finales de 2022, la DGETI notificó en la Circular 220(DGETI-CDMX) OE/ASIST ACAD/CONTROL ESCOLAR/048/2022 que con base en las inspecciones y “por un excedente en números de control, vinculados a la capacidad instalada (para atender a estudiantes)”, las opciones educativas intensiva y de Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial (SAETI) dejarían de operar para enero de 2023.
Además de que la dependencia de la SEP se niega ahora a entregar certificados para los que validó números de control y tres años de calificaciones de estudiantes de la generación 2019-2022.
“Si tú (autoridad educativa) no verificas al inicio si se tenía la capacidad instalada y lo aprobaste. Por aprobarlo, tú tuviste el problema. No le puedes venir a decir a un estudiante que ya cursó tres años de bachillerato, que ya cursó todas sus materias, que ya aprobó toda sus materias, que siempre no”, recalcó Cano sobre el tema.
Amparos a los que tuvo acceso este medio, confirma que la DGETI condicionó, sin justificación, la entrega de los certificados a la presentación de documentos como comprobantes de domicilio que confirmaran que los estudiantes vivían en colonias aledañas a la escuela, así como a documentos faltantes de las instituciones que tuvieron que haber sido solicitados en las inspecciones ordinarias o extraordinarias.
Sin embargo, dentro del Acuerdo Secretarial 445 se señala que el alumno “debe cumplir y acreditar el plan y programas de estudio para ser objeto de certificación” en cualquiera de las opciones educativas.
Este problema se presentó, en certificados o números de control, en las siguientes escuelas: el Instituto Formador Humano y Educativo, Centro Escolar Euler, Centro Tecnológico de Computación Teoloyucan y el Centro Escolar Newton se reportan la falta de al menos mil certificados del año anterior.
“Lo único que le exige la ley a los alumnos para obtener su certificado es aprobar completamente sus planes de estudio”, señaló el abogado. “Tienen derecho al certificado. Si la escuela tiene problemas con su uso de suelo, si la escuela no ha pagado el predial, si hay un profesor que no está cotizando ante el SAT, no le compete en nada a los alumnos y tampoco le puedes condicionar la entrega del certificado como autoridad educativa”.
Certificados falsos y opacidad frenan a escuelas y estudiantes
Ante la falta de certificados, las escuelas afectadas reportaron una reducción de hasta el 70 por ciento. Algunas incluso señalaron que sobreviven con otras modalidades de estudio como el bachillerato escolarizado o las maestrías.
Grupo Fórmula se reunió con siete directores y directoras de escuelas privadas afectadas por esta situación. Desde una sala de juntas narraron que en enero de 2022, DGETI comenzó a frenar a la certificación de bachillerato para la generación 2019-2022 y la entrega de números de control, además de que enviaron inspecciones extraordinarias a las escuelas.
Para agosto de 2022 se contemplaba una segunda certificación. Sin embargo, en la Circular No.220(1)094/2022 emitida por la SEMS, y en manos de Grupo Fórmula, se notificó a las escuelas que en la página http://siseems-rvoe.sems.gob.mx.legal se realizó “mal uso de la información de DGETI y la Secretaría de Educación Pública” para emitir documentos apócrifos como constancias de terminación de estudios.
“Se identificó que el módulo de certificación de la plataforma SISEEMS-RVOES fue vulnerado durante el periodo de inactividad, emitiendo 1,534 certificados, sin autorización”, se lee en el documento.
DGETI envió prórrogas para que los estudiantes pudieran seguir sus estudios o trabajos. Estas han sido insuficientes no sólo para Valeria o Marco Antonio, también para Daniel Alejandro Leyva, quien está a punto de perder una beca del 100 por ciento en la licenciatura de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de México (Unitec).
“Voy a la escuela y me comentan que hay un desfase en la entrega de certificados por parte de DGETI y que ellos ya metieron los papeles”, explicó el joven de 19 años.
Daniel se encuentra en el segundo cuatrimestre de la carrera, pero la universidad ya le sentenció que si no entrega el certificado, perderá la oportunidad de continuar estudiando.
“Él perdería la beca por este certificado”, explicó su madre quien vivió la situación en medio de un embarazo de alto riesgo. “La verdad es que nosotros ya no podríamos costear la Universidad. Ese es el problema, estamos bajo esa presión”, refirió.
El número total de certificados sin entregar podría ser mucho más alto como consecuencia de este problema. Directores, alumnos y el abogado denunciaron que ésta situación desde hace años deja sin estudios y trabajo a miles de estudiantes en México y aún sigue sin una solución.