El exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) Tonatiuh Guillén quien renunció a su cargo luego de que la política migratoria se militarizara, acusó que precisamente el uso de las fuerzas del Estado en asuntos migratorios desembocó en la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua.
"Ciudad Juárez describe el punto extremo del deterioro de la política militarizada y endurecida, que dejó de poner en el centro el respeto de los derechos humanos y el cuidado de lo más elemental de la población migrante y de la población solicitante de refugio", señaló Tonatiuh Guillén en entrevista con Joaquín López-Dóriga.
Tonatiuh Guillén explicó que el poco cuidado de los derechos humanos es consecuencia del despliegue de la Guardia Nacional como aparato de contención, es decir la militarización de la política migratoria. Esto hace que no se vea a los migrantes como personas a las que hay que atender, sino como un objetivo a contener.
Señaló que esto puede verse en el crimen mismo en el que puede verse indiferencia a la vida de las personas que estaban ahí.
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¿Quién es Tonatiuh Guillén?
Tonatiuh Guillén fue director del Instituto Nacional de Migración de diciembre de 2018 a junio de 2019, en medio de una tensión política que abarcó la amenaza de Donald Trump para imponer aranceles si México no contenía a los migrantes; la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional y los acuerdos en los que México se comprometió a desplegar efectivos del Ejército y la Guardia Nacional en las fronteras.
Tonatiuh Guillén reveló en entrevista con Joaquín López-Dóriga que le planteó su renuncia a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y posteriormente le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Tonatiuh Guillén es doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Fue Presidente de El Colegio de la Frontera Norte (2007 y 2017) y profesor de esta institución (1986-2017).
¿Qué ha pasado en el caso del incendio en Ciudad Juárez?
El gobierno federal informó que la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas en un incendio, será cerrada definitivamente en el estado de Chihuahua.
Este jueves, se dictó prisión preventiva a las cinco personas acusadas de la muerte de 39 migrantes a causa de un incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tres de estas personas son funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos son policías de seguridad privada y la sexta es una persona de origen venezolano y quien es señalado de iniciar el incendio.
"La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado cuatro órdenes de aprehensión. Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis", detalló en conferencia de prensa este jueves Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Herrerías agregó que se solicitó por parte de la FGR la documentación que acredite el funcionamiento de estas estaciones migratorias para saber cuáles son sus obligaciones "y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles".
Dentro de la estación se encontraban varios empleados de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V, cuyos socios son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.
La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se pudo conocer una primera irregularidad en torno a la empresa: solo tenía reportados cuatro agentes de seguridad con 10 uniformes. "Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados del país", compartió la secretaria.
Por esto, continuará la investigación de la que, aseguró Rodríguez, se deslindarán responsabilidades de la empresa pero también del INM.
La titular de la SSPC aseguró que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se iniciará el proceso para lograr la reparación del daño de los familiares de las víctimas.
"Sabemos que el dolor que genera una pérdida de vida no se supera jamás, pero es nuestra obligación proteger a las familias de las víctimas", añadió.
El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.
Videos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y connacionales de las víctimas han denunciado que la tragedia "se pudo evitar".
El presidente AMLO evitó la mañana de este jueves responder si la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) estaba a cargo de la seguridad privada del centro migratorio y es propiedad de Elías Gerardo Valdés, cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, que ha recibido contratos multimillonarios del Gobierno, según reportó el medio Latinus.