Luego de la muerte de 39 migrantes en una Estación Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) S.A. de C.V., del cónsul Elías Gerardo Valdés Cabrera, se encuentra en la mira de las investigaciones por estar a cargo de la seguridad en la sede migratoria.
Un documento del Registro Público de Comercio en manos de Grupo Fórmula señala a este cónsul como el "administrador único" de la empresa que ha tenidos contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM) desde hace años. Este hombre es el socio mayoritario y comparte parte del negocio con Mónica Ivonne González González.
Seicsa se creó en marzo del 2005 para brindar servicios de inteligencia y seguridad privada. En febrero de 2023 fue señalada de recibir 130 contratos millonarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Latinus dio a conocer que la empresa consiguió 129 contratos más que en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, cuando el gobierno le otorgó únicamente uno.
El monto total de los acuerdos ascendió a los 3 mil millones de pesos entre 2019 y 2022, es decir, comenzaron a concretarse desde antes de que Valdés Cabrera fuera nombrado Cónsul Honorario de Nicaragua.
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Aunque los contratos han sido variados, hoy en día se encuentra en la mira por los 39 migrantes que fallecieron en las instalaciones del INM, donde brindan sus servicios. Hasta noviembre de 2021, el gobierno mexicano habría operado con 55 vigilantes para mantener la seguridad de 10 inmuebles en Ciudad Juárez.
La periodista Andrea Meraz dio a conocer que Seicsa se encargó de proteger 598 lugares que pertenecen a Migración entre marzo de 2021 y diciembre de 2022, entre ellos la estación de Ciudad Juárez donde murieron los migrantes. Además, para la protección de 2022 y 2023 se pagaron 142 millones 241 mil 379 pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
Según el Diario Oficial de la Nación el título de Cónsul Honorario le fue otorgado a Elías Gerardo Valdés Cabrera en 2020, año en el que Daniel Ortega concedió un Exequátur (autorización para cónsules) para que pudiera ejercer funciones en Saltillo.