El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que modifican su estructura y procedimientos; suspendiendo su aplicación.
La Suprema Corte admitió la controversia del INE contra el “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
Los cambios a la legislación secundaria significan una reorganización estructural del Instituto, como la compactación de comisiones operativas y el despido de su personal.
Con la promulgación del Plan B de AMLO se produjo la remoción de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, pero hace un par de semanas obtuvo una suspensión definitiva que le permitió volver al cargo.
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Con la suspensión a esta reforma del Ejecutivo, las leyes electorales deberán ser aplicadas tal y como estaban antes de la entrada en vigor de la reforma; esto mientras el máximo tribunal del país resuelve el asunto de fondo.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, indicó la SCJN.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó en un comunicado que el ministro “solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal”.
¿Qué es el Plan B de AMLO?
Luego de que la Reforma Electoral promovida por el presidente López Obrador no prosperó en la Cámara de Diputados, el mandatario impulsó el llamado Plan B, una reforma a las leyes secundarias en materia electoral que fue aprobada por el Senado el pasado 22 de febrero.
Esta iniciativa busca recortar el número de legisladores, desaparecer las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, eliminar más de 2 mil plazas que integran el Servicio Profesional Electoral, así como la Junta General Ejecutiva del INE, la cual sería sustituida por una Comisión de Administración, integrada por cinco consejeras y consejeros, cuya única función se centra en tareas administrativas.
El INE ha advertido que el Plan B puede afectar la organización de las elecciones, el tiempo para integrar las mesas directivas y la protección de datos personales por lo que resulta regresiva para la democracia del país.