Hace un mes inició el juicio del año, aquel por el que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en tiempos del expresidente Felipe Calderón, está siendo juzgado por la justicia de Estados Unidos tras ser acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Y, ¿qué pasa si gana el 'round' en el país vecino?
La hora de la verdad está por llegarle al exfuncionario panista. Después del desahogo de testigos -entre los que destacan Jesús ‘El Rey’ Zambada-, a partir de este jueves los 12 integrantes del jurado inician las deliberaciones para determinar su culpabilidad o inocencia.
De ganar el juicio, ¿García Luna tendrá el camino libre? Según las pesquisas del Gobierno de México, no.
Las órdenes de aprehensión en su contra
El 29 de enero se dio a conocer que el exsecretario de Seguridad cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por delitos cometidos en México.
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¡Ojo! Estos señalamientos no tienen vínculo con el juicio que actualmente se lleva a cabo en los Estados Unidos.
Los ilícitos que se le ligan tienen que ver con un mandamiento de captura relacionado con la operación ‘Rápido y Furioso’. El segundo se refiere al caso de los "penales federales privatizados", donde -según refiere la Fiscalía General de la República (FGR)- "dicha persona fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto”.
Aunado a esto, la dependencia también tiene otras dos investigaciones en curso en México, así como una solicitud de aprehensión más que se encuentra en trámite contra el exfuncionario calderonista.
El ‘tesoro’ que la 4T quiere recuperar
El 9 de febrero, en la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se informó sobre una presunta red de corrupción a través de la cual Genaro García Luna obtuvo 745.9 millones de dólares, mismos que su gestión busca recuperar.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, detalló que dichos recursos se adquirieron a través de 30 contratos con entidades públicas de seguridad. Además, dijo que “siguen en examen otras operaciones”.
Aunado a esto, son ocho personas físicas y al menos 44 empresas las que están involucradas en la red de corrupción que, explicó Gómez, se realizó durante 20 años, desde que fue secretario de Seguridad Pública hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.
"El Gobierno de México presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al estado de nuestro país", expuso Gómez.
CDMX echa ‘ojo’ a contratos irregulares
El pasado 10 de febrero se informó que el Gobierno de la Ciudad de México -de 2016 a 2017- adjudicó cuatro contratos a una empresa de García Luna.
La información fue confirmada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que en 2016 se otorgaron cuatro contratos a la empresa GLAC Security Consulting, propiedad del exfuncionario, por un monto de 58 millones de pesos.
El objetivo, según la información de la mandataria, era realizar un diagnóstico de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital. Estas órdenes van desde el 2016 y la última se concedió en diciembre de 2017, con lo que entonces era la PGJCDMX.
"Hicimos una búsqueda, son tres contratos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el 2016 y 2017, estamos dándole la información a la Unidad de Inteligencia Financiera".
Sheinbaum detalló que dichos contratos consisten en cuatro órdenes de pago para la empresa GLAC Security Consulting, Technology and Risk Management, que en cuyo Consejo de Administración estaba García Luna.
Y al respecto, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad (Cisen) durante el gobierno de Calderón, dijo que si a García Luna no se le condena en Estados Unidos, el Gobierno de AMLO buscará inculparlo de otra cosa.