Dijeron que el huachicol se iba a terminar pero todo apunta a lo contrario. Según los industriales del gas LP, al menos el 8 por ciento del gas que se consume en el país proviene del mercado negro, cifra que casi se triplica en el centro del país, donde ese monto llegaría a entre 15 y 20 por ciento, que representa un monto de 1 mil 100 millones de pesos mensuales.
"Nosotros estimamos que el 8 por ciento del gas que se distribuye en el país es de procedencia ilícita. (...) Creemos que el mercado ilícito en el zona centro del país representa entre el 15 y 20 por ciento", según Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP.
Te podría interesar
De dicho volumen, estimó que un 70 por ciento proviene de los ductos de Pemex, mientras que el 30 por ciento restante se obtiene mediante el robo de unidades de carga.
En entrevista para "Atando Cabos" con Denise Maerker, el líder de los distribuidores de energético destacó que entre 2018 y 2022, las tomas clandestinas de gas reportadas por Pemex pasaron de 215 a 2 mil 684. Estimó además que entre 6 mil y 8 mil autotanques que transportan gas LP no cumplen con la regulación, lo que desata la competencia desleal entre comerciantes.
Resaltó que las entidades donde más se presenta este problema son una zona llamada el "Triángulo Rojo", donde se encuentran Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
Este gas termina en el mercado a través de las pipas de gas sin registro que distribuyen el combustible sin las garantías de seguridad y origen del producto.
"Hay un mercado de distribución que tiene que ver con las pipas que no están reguladas y con estaciones de carburación que tampoco tienen permisos y es precisamente el tema. Las empresas establecidas que tenemos regulación no podemos comprar gas de procedencia ilícita", refirió.
La CDMX resulta un mercado atractivo para el comercio ilegal de gas LP, pues en ella se consume alrededor del 25 por ciento de este energético en el país, calculó Landeros.
Gaseros enfrentan al crimen organizado
Luis Landeros detalló que otra de las dificultades que enfrenta el sector de distribuidores de gas LP es la presión del crimen organizado, que les exige pagos para operar en algunas regiones e incluso les cobra por seguridad.
"Está entre las prácticas el cobro de piso, extorsiones y situaciones de este tipo. No nada más en el estado de Guerrero, en muchos otros estados de la República en donde tenemos que lidiar los distribuidores con esas situaciones.
"El crimen organizado local y grupos de pseudosindicatos están cobrando derecho de piso. En diferentes caminos y en diferentes épocas hemos estado denunciando con las autoridades. Para poder circular te piden dinero o para defender tu zona. Simplemente te piden dinero para distribuir en una zona", lamentó el líder de los distribuidores de gas LP.