Uno de los grandes escándalos del sexenio de Enrique Peña Nieto fue el espionaje en contra de periodistas, empresarios y personas defensoras de derechos humanos a través del malware Pegasus. A cinco años de esa administración, un general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el gobierno adquirió esta herramienta con la que se violó la seguridad digital de al menos 15 mil teléfonos.
Se trata del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, el general Pedro Bonilla Muñoz, quien compareció ante un juez federal el pasado 28 de diciembre. Esto, como parte del juicio que lleva la Fiscalía General de la República para esclarecer el espionaje en contra de la periodista Carmen Aristegui.
Durante la audiencia, presidida por el juez Luis Benítez Alcantara, el general reiteró su respuesta a un requerimiento del Ministerio Público Federal, en la que, según el periodista Alfredo Maza de Animal Político, señaló que “efectivamente se adquirió ese sistema (Pegasus) de junio de 2011 a agosto de 2013”.
Pese a dar a conocer esta información, el general desconoció si este convenio se realizó con algún área en particular del Ejército. Sin embargo, acotó que su confirmación coincide con un comunicado de la Sedena de 2022 en el que la dependencia señaló que este malware fue utilizado para seguridad y operaciones internas.
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Espionaje con Pegasus: ¿Para que se usó en el sexenio de Peña Nieto?
Contrario a la versión de la Sedena, la investigación “Pegasus Project” dio a conocer que el gobierno peñista utilizó Pegasus para espiar más de 15 mil teléfonos. Además de Carmen Aristegui, se buscó intervenir el número de Azman Ahmed, un corresponsal de The New York Times, así como de personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y varias figuras cercanas al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el gobierno de Peña Nieto negó la autorización de esta compra, la Fiscalía General de la República lleva a cabo un juicio para esclarecer este caso en contra de Juan Carlos García Rivera, un empleado del Grupo KBH señalado de perpetrar la intervención a la periodista mexicana.
En los avances más recientes del caso, el juez federal aceptó el desistimiento de la FGR de llevar en calidad de testigo a Omar García Harfuch, exaspirante a la jefatura de Ciudad de México y titular de la Agencia de Investigación Criminal cuando se efectuó la compra, así como de otras 30 personas con las que pretendía confirmar la compra del malware.